Directivos de la empresa publica de revisión catastral cobraron comisiones por subcontratar los trabajos

Directivos de la empresa pública Catrisa (Societat de Gestió Catastral i Tributària), a la que el Centro de Gestión Catastral adjudicó entre 1987 y 1990 alrededor de 4.000 millones de pesetas en contratos para actualizar el catastro, han sido acusados por empresarios del sector de cobrar comisiones a las empresas con las que subcontrataban trabajos. Uno de los empresarios afirma que el director del Centro de Gestión Catastral entre 1987 y 1991, Francisco Javier Russinés, le gestionó un encuentro con el gerente de Catrisa, Juan Morrall Ballbé, para un trabajo a reafizar en Lérida por el que, posteriormente, Morrall solicitó una comisión del 3,5%. En otros casos, las comisiones llegaron al 15%.

Los trabajos para modernizar el catastro han costado más de 70.000 millones de pesetas. La revisión, que pretendía incrementar la base de tributación, acabó en el denominado catastrazo debido a la gran contestación que se produjo.El encuentro entre Gregorio Poveda, el director del catastro, Francisco Javier Russinés y el gerente de la empresa pública de revisión catastral Catrisa, Juan Morrall Ballbé, tuvo lugar en el domicilio del segundo, un chalé de varias plantas de la calle Luis Díaz Cobeña 6 (Madrid). En ese momento, parte del chalé servía de sede a la empresa Gestión, Asesoramiento y Planificación (Gapsa), con la que Russinés mantenía un contrato de arrendamiento de negocio.

Russinés y Morrall eran amigos, según han confirmado personas cercanas al ex director del catastro y el propio Russinés. Hasta 1987, una empresa fundada por Morrall, Ingetsa (Instituto de Gestión Tributaria), dedicada a tareas relacionadas con el catastro, también había tenido sede en el chalé de Russinés. Éste, ha negado que tuviera lugar la reunión mencionada.

Poveda explica que la comisión que le pidió Juan Morrall con posterioridad a la reunión "para él en particular, ascendía al 3,5%, importe menor al habitual 5%". La comisión, según Poveda, no se llegó a pagar y posteriormente se rescindió el contrato. El empresario puso en conocimiento de Javier Russinés la petición de la comisión particular solicitada por Morrall. "La respuesta de Russinés fue un encogimiento de hombros". Morrall asegura al respecto: "Jamás he cobrado comisiones".

La coincidencia entre el domicilio del director del catastro con la empresa de Gregorio Poveda provocó algunas situaciones equívocas. Manuel Pastor, empleado de Poveda en la época, que estuvo presente en algunas de las reuniones mantenidas por Russinés y Poveda en el chalé de Luis Díaz Cobeña 6, recuerda: "En una ocasión, me llamó a Luis Díaz Cobeña [domicilio de Russinés], un gerente territorial del catastro. El teléfono lo cogió el mismo Russinés. Se puso nervioso y dijo que había que acabar con esa situación [de coincidencia entre su domicilio y el centro de trabajo de la empresa privada]".

Otro empresario, Joaquín Lledó (Zaragoza), también sostiene que hubo petición de comisiones. Lledó, proveedor de croquis de parcelas catastrales para Catrisa, es claro: "Venían de Barcelona dos directivos de Catrisa a cobrar el 15%, casi al otro día de cerrar la operación. En una de las ocasiones, fui con los directivos a una sucursal del Banco Atlántico en Zaragoza, y allí les pagué dos millones de pesetas en metálico". "¿Pruebas?, esta gente no dejaba rastro, como es natural. Les entregaba el dinero en sobres. Pagábamos todos, todas las empresas. Siempre te tenían con muchísimo dinero pendiente de cobro y te decían: 'si quieres cobrar..., ya sabes'. Incluso había veces que, después de haber cobrado su porcentaje, te devolvían las letras. La última vez en que me llamaron para pedirme la comisión, yo les dije que con ese dinero le compraba un abrigo de visón a mi mujer."

Catrisa llegó a una situación de práctica quiebra en 1991, tras cuatro años de actividad. Fundada por la Diputación de Barcelona, y participada por el Banco de Crédito Local (BCL) desde 1989 con un 49%, tuvo una rápida expansión por toda España. Llegó a contar con 30 delegaciones y más de 700 personas contratadas. La sospecha de que existían cobros de comisiones provocó investigaciones del BCL, de la Diputación de Barcelona y de los liquidadores de la sociedad, según han confirmado diversas fuentes. Las investigaciones, aparentemente, no arrojaron ningún resultado.

En los cuatro años de actividad, Catrisa perdió 2.000 millones de pesetas. La empresa ha sido liquidada recientemente. El ex director del catastro afirma que no jugó ningún papel en las contrataciones del centro que, dirigía con Catrisa. "Por lo que a mí respecta, Catrisa era una sociedad más del sector".

Russinés achaca las acusaciones a una venganza de su antiguo inquilino, Gregorio Poveda. Este mantiene un contencioso con Russinés por causa, precisamente, del alquiler y otros conceptos que le pagaba su empresa por la utilización de parte del chalé de Luis Díaz Cobeña como centro de trabajo. El consejero delegado de Catrisa hasta 1989, Máximo Loizu, afirma, por su parte, que "en lo que a mí respecta, lo único que se me puede achacar en Catrisa, quizá, es que hubo un exagerado crecimiento de la empresa, sin demasiado control". Loizu trasladó por escrito la existencia de una queja relacionada con el pago de comisiones a responsables de Catrisa.

Información elaborada por Santiago Carear y José Yoldi.