Pagar más de lo necesario

Hacienda cree que la estrategia del Plan Hidrológico para gestionar el uso integral y racional del agua es acertada, pero desconfía de que logre cubrir esos objetivos. El subdirector general de Planificación Sectorial, Vicente Antón Valero, pone en tela de juicio (sic) el programa de inversiones del PHN, ya que se limita a enumerar un conjunto de obras hidráulicas que satisfacen la demanda, sin tener en cuenta el ahorro que pueda lograrse mediante incentivos, racionalización de uso, mejora de la gestión o implantación de nuevas tarifas. "Podría darse la paradoja de que habiéndose realizado parte o la totalidad de las obras previstas, una vez instaurado un nuevo régimen económico, los usuarios tendrían que pagar más de lo que hubiera sido estrictamente necesario".Los ajustes que reclama Hacienda se concretan en la necesidad de evaluar el efecto de un nuevo sistema de precios sobre el comportamiento de la futura demanda de agua y la repercusión de costes en las distintas actividades económicas afectadas (regadíos, consumo, hidroeléctricas, piscifactorías, laboratorios).

Antón Valero comparte la duda de que todavía existan 600.000 hectáreas de interés para ser puestas en regadío, según recoge la memoria del PHN.

Mientras para Obras Públicas este objetivo es imprescindible para frenar la despoblación del campo, Valero cree que las mejores tierras ya están transformadas en regadíos. Por lo demás, "han dejado de ser un elemento para el fomento de la riqueza nacional y ha caído su precio". Pide más rigor para identificar los productos deficitarios en la Unión Europea y en la localización de las zonas idóneas para su cultivo con el fin de rentabilizar las inversiones en regadíos.

Recurrir a los usuarios

Dado que las obras de saneamiento y depuración de aguas residuales son competencia de las comunidades autónomas y otros organismos locales, Hacienda no se explica por qué el Estado asume un incremento del 20% anual en estas inversiones, cuando lo conveniente sería que disminuyera su peso en estas obras.En línea con las tesis defendidas por el propio Borrell y los ecologistas, Antón Valero propone que se recurra a los usuarios para atender las necesidades financieras del plan porque serviría para fomentar el ahorro. Bien es verdad que Antón lo justifica también porque las arcas del Estado no atraviesan momentos de euforia presupuestaria.

Sin salir del aspecto económico que es la materia sobre la que informa, Antón Valero lamenta que se abandonara la idea original de ponerle precio al agua, o al menos un precio disuasorio al consumo excesivo.

"Las modificaciones esbozadas para un sistema económico-financiero mantienen los defectos del sistema vigente", que impide determinar quiénes se benefician de las obras, según Antón, quien rechaza asimismo la creación de un organismo de gestión del agua nacional porque llevaría aparejado un importante incremento de gasto que no resulta "oportuno en el momento actual".