De tres a cinco meses de arresto para los 18 soldados que denunciaron malos tratos
Los 18 boinas verdes que se fugaron del cuartel de la Compañía de Operaciones Especiales (COE) de Palma de Mallorca el pasado 21 de febrero para denunciar ante un juez militar -y previamente a los medios de comunicación- que eran víctimas de presuntos malos tratos por parte de sus superiores, han sido castigados con las máximas sanciones propuestas por el comandante que instruyó el expediente.Tres de los 18 jóvenes cumplirán cinco meses de arresto; dos, tres meses; y los 13 restantes, dos meses y 20 días. La resolución fue dada a conocer ayer por el jefe de la zona militar de Baleares, general Antonio Mir. Los boinas verdes ya están cumpliendo la sanción en la vieja prisión militar de Illetes (Mallorca), donde los jóvenes permanecen aislados desde hace tres semanas de forma preventiva.
Tres de los miembros de la COE acumulan faltas graves y leves por quebrantar un anterior arresto, obviar obligaciones cuartelarias y efectuar declaraciones a los medios de comunicación, según su abogado. Los soldados de su mismo reemplazo se licenciarán en mayo, pero ellos tendrán que esperar a cumplir el arresto.
Recurso de alzada
En caso de que el jefe del Estado Mayor del Ejército no acepte el recurso de alzada del abogado defensor, Pons Vidal, los 18 boinas verdes seguirán privados de libertad en el citado centro: disciplinario, efectuando la instrucción rutinaria así como labores de albaliñería y jardinería. Visten el uniforme de la COE y están siempre vigilados por la Policía Militar.Hace un mes, el comandante togado y el fiscal auditor que intervinieron en las diligencias por la denuncia consideraron que los fugados no habían cometido ningún delito y que en todo caso debían ser sancionados por faltas disciplinarias. Por el contrario, a raíz de sus acusaciones, el mismo tribunal procesó a un alférez y cuatro cabos primero de la COE. Los cinco mandos están en libertad condicional, pendientes de juicio, acusados de un presunto delito de maltrato de obra a los 18 soldados, que la justicia militar castiga con tres meses a cinco años de cárcel.
El abogado de los boinas verdes manifestó ayer que las sanciones impuestas son "desproporcionadas y duras" y que reflejan "un claro divorcio entre la sociedad civil y el Ejército. Se busca en la carne de estos jóvenes una ejemplaridad que no es necesaria".
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