El cinturón industrial rechaza el plan expansionista del alcalde de Madrid

VIENE DE LA PÁGINA 1

Este veto municipal de cinco localidades periféricas se une al que ha hecho público el Gobierno socialista de la Comunidad, encargado de autorizar o denegar el desarrollo de los nuevos barrios. Hoy, la Comisión Regional de Urbanismo certificará la defunción de las 69.450 viviendas dibujadas por el PP.

Los colaboradores de Álvarez del Manzano intentaron ayer un acuerdo final con el equipo de Joaquín Leguina y presionaron para evitar que la Comunidad apruebe el veto definitivo al proyecto.

Echeverría estaba dispuesto a firmar la creación de consorcios urbanísticos en los que intervinieran las dos instituciones para gestionar conjuntamente el desarrollo de los nuevos barrios. Pero el edil de Urbanismo seguía empeñado en sacar adelante las seis nuevas zonas con las 69.450 viviendas propuestas por el PP, según indicaron fuentes próximas a los negociadores.

Al cierre de esta edición, los técnicos de la Consejería de Política Territorial y de la Concejalía de Urbanismo seguían reunidos en la sede de la Consejería de Política Territorial para buscar una propuesta coincidente. Sus jefes políticos buscaron antes algún punto de encuentro para evitar el mayor enfrentamiento político entre PP y PSOE desde las elecciones de 1991.

Esta batalla urbanística de gran calado -"hay muchos miles de millones en juego", dicen los socialistas- se ha producido por culpa de un pequeño detalle: el precio final de los pisos. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, propone 69.450 viviendas libres o de precio tasado con un valor mínimo de 13 millones de pesetas. Pero la Comunidad de Madrid, donde mandan los socialistas, sólo acepta 35.000 pisos, de los que 10.000 deben ser de protección oficial y, por tanto, saldrán al mercado con un precio no superior a 10 millones.

Ayer, los dirigentes urbanísticos de la Comunidad de Madrid, el socialista José María Rodríguez Colorado, y del Ayuntamiento de la capital, José Ignacio Echeverría, iniciaron a las doce de la mañana una reunión urgente y desesperada. Una hora después, un colaborador de Rodríguez Colorado explicó que las posibilidades de sellar un acuerdo eran remotas: "Está muy difícil", aseguró el viceconsejero de Política Territorial, Oswaldo Román.

Sobran viviendas caras

Para caldear las discusiones, Román acusó al PP de promover un plan que impediría construir viviendas baratas en Madrid en los próximos 10 años. "En la capital hay suelo de sobra para hacer viviendas de 50 millones de pesetas, pero no queda para pisos de 10 millones. Y Madrid ha sido el único municipio que no ha querido firmar con nosotros un pacto de vivienda social", concluyó el viceconsejero de Política Territorial.

A las tres de la tarde, Echeverría y Rodríguez Colorado dieron por finalizada la reunión, aunque dejaron a sus técnicos negociando un acuerdo definitivo. Según un portavoz de la Consejería de Política Territorial, ese pacto entre instituciones sólo será posible si se reduce a la mitad la propuesta municipal.

El grupo socialista del Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, defiende una línea mucho más dura que sus compañeros de la Comunidad: "No aceptamos ni una sola vivienda. Sobre todo cuando se ha demostrado que en Madrid hay suelo suficiente para construir pisos sin necesidad de recalificar fincas rústicas. Además, este plan sólo podrá empezarse dentro de cinco o seis años", explica el edil socialista José María de la Riva. "El PP tan sólo pretende especular con este suelo y no piensa en el futuro de la ciudad", concluye. Este periódico intentó sin éxito conocer la opinión del concejal de Urbanismo, José Ignacio Echeverría.

Los concejales socialistas han organizado una campaña contra la. aprobación de los seis nuevos barrios del PP. Muchos diputados y consejeros socialistas han recibido un informe del grupo municipal contrario al proyecto residencial del PP. En ese documento se tilda de "insensato" el plan urbanístico del Gobierno de Álvarez del Manzano. El grupo que lidera Juan Barranco denuncia que la mayoría de los nuevos crecimientos residenciales se ha diseñado sobre la misma infraestructura de transporte existente en la actualidad, pese a que en los seis barrios ideados por el PP vivirán 220.000 habitantes. Los concejales socialistas concluyen: "Es una operación poco realista, urbanísticamente desastrosa y perjudicial para los intereses generales".

Inversiones del Ivima

Por otra parte, los gestores del Instituto de la Vivienda de Madrid, dependiente de la Comunidad, anunciaron ayer sus planes para el presente ejercicio. Este organismo destinará 25.000 millones de pesetas para comenzar las obras de 3.500 viviendas y terminar otras 4.000. Los nuevos alojamientos atenderán las necesidades de las familias con menos recursos económicos. Además, el Ivima está dispuesto a vender este año 5.000 de los 30.000 pisos que tiene a sus inquilinos.

El organismo que más dinero gasta en inversiones dentro de la Comunidad de Madrid ha modificado su sistema de contratación para evitar que se produzcan "bajas temerarias" por parte de las empresas concursantes. A partir de ahora, la contratación de las obras de construcción de nuevas viviendas tendrán "un precio cerrado" que no se podrá modificar. El Ivima pretende garantizar con el nuevo sistema la calidad de la obra y defender al usuario frente a los vicios ocultos. Para alcanzar ese objetivo, según explicó ayer Miguel Palmero, las constructoras deberán asegurar la obra durante 10 años y resolver todos los desperfectos que en ese plazo afecten a las viviendas edificadas.