El fiscal de la Operación Mago advierte del poder de la droga para corromper políticos

El teniente fiscal antidroga, Javier Zaragoza, que sostiene el peso de la acusación pública en el macrojuicio, de la Operación Mago desde el pasado mes de septiembre, inició ayer su informe de conclusiones definitivas, en el que destaca la importancia de la figura de los arrepentidos en la lucha contra el narcotráfico. El fiscal advirtió que el peligro de corrupción en las instituciones por el dinero de la droga "está a la vuelta de la esquina"

"Todos somos conscientes de que el narcotráfico es el primer problema sociocriminal de nuestro tiempo", afirmó Javier Zaragoza, quien trazó una panorámica del problema del tráfico de estupefacientes en todo el mundo, con especial incidencia en Galicia. La sesión se inició con retraso tras una inicial negativa del capo Laureno Oubiña a comparecer ante el tribunal, molesto al parecer por haber sido interrumpido cuando se comunicaba con su abogado. Oubiña se presentó a la media hora de haber comenzado la sesión.El fiscal situó a las organizaciones, de narcotraficantes dentro del "crimen organizado", cuyo último fin es el de ocupar parcelas de poder mediante amenazas, coacciones, sobornos y, "si es necesario, el asesinato". "Los incalculables beneficios de los narcotraficantes, canalizados hacia actividades lícitas mediante el blanqueo de dinero, tienen por finalidad influir en las instancias políticas", aseguró.

En algunas regiones, añadió, confluye el germen de lo que se conoce como "criminalidad mafiosa". "Galicia tiene todos los boletos para ser una pequeña Sicilia. Existe la ley del miedo, la ley del silencio y una sensación de impunidad entre fos narcotraficantes, que creen que el Estado nunca les va a perseguir", señaló Zaragoza.

Relaciones con Colombia

A juicio del acusador público, las sesiones han servido para comprobar que las viejas estructuras del contrabando de tabaco se transformaron "sin rubor" para el tráfico de drogas "por una razón de rentabilidad del delito". La vinculación de las redes gallegas a las organizaciones colombianas también ha quedado acreditada, según el fiscal, quien criticó la "arraigada creencia de que sólo la posesión de droga es prueba de cargo suficiente para condenar".

Según Javier Zaragoza, la prueba indiciaria es necesaria para evitar cotas de impunidad y, en ese sentido, dijo que frente a la repugnancia histórica por la figura del delator, el arrepentido es hoy "un medio de prueba más", que está recogido legalmente y que puede ser utilizado.

El juicio contra las redes gallegas del narcotráfico comenzó el pasado 21 de septiembre, y en los seis meses de sesiones, a razón de tres días por semana, han declarado los 45 procesados y unos 450 testigos.

Tras la prueba documental, con audición de cintas de conversaciones telefónicas y visionado de vídeos de los careos entre el arrepentido Ricardo Portabales y, algunos de los principales inculpados, ayer se abrió la última fase de presentación de informes, que se prolongará durante un mes aproxidamente, antes del ritual "visto para sentencia".