La aprobación de la ley de alquileres corre el peligro de retrasarse hasta el próximo otoño

La esperada reforma de los alquileres puede volver a sufrir un nuevo retraso sobre el calendario previsto, esta vez como consecuencia de la agenda parlamentaria. La ampliación del plazo de presentación de enmiendas provocará, en caso de que no se realice un Pleno del Congreso extraordinario en julio, que la LAU no vea la luz hasta el mes de octubre. Los problemas del proyecto de ley no son, sin embargo, únicamente de calendario. Los apoyos políticos al PSOE, especialmente el del grupo catalán, tampoco están claros. CiU sigue condicionando su respaldo a que se mantengan los contratos indefinidos en los locales de negocio.La historia de la nueva ley de alquileres es el cuento de nunca acabar. Julián Campo y Javier Sáenz de Cosculluela, los dos antecesores del actual ministro de Obras Públicas, José Borrell, ya intentaron abordar la reforma del mercado de los arrendamientos urbanos.

El propio Borrell tuvo que retirar su primer proyecto de ley, cuando ya estaba en pleno trámite parlamentario, debido al adelantamiento de las últimas elecciones generales.

El nuevo intento parece el bueno, aunque no está claro que el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros el 28 de enero supere el trámite parlamentario antes del verano, tal y como pretendía en un principio el ministro Borrell. De momento, el plazo de entrega de enmiendas ya ha sufrido un primer aplazamiento, hasta el 25 de marzo. Fuentes parlamentarias dan como prácticamente seguro que se producirá un nuevo retraso. Ello aplazaría el comienzo de la discusión en el Congreso hasta entrado el mes de abril. El debate en comisión y en pleno en la Cámara Baja debe ir seguido por el mismo mecanismo en el Senado. Una vez superado este trámite, el texto debe regresar al Congreso para su aprobación definitiva.

Con el calendario en la mano, y teniendo en cuenta el parón veraniego del Parlamento, la aprobación del proyecto de ley tiene todos los visos de retrasarse hasta el próximo otoño. A la vista de este peligro, los grupos parlamentarios están sopesando dos alternativas. La primera consiste en convocar un pleno extraordinario del Congreso, ya dentro del mes de julio. La segunda sería eliminar el trámite del pleno del Congreso, lo cual supondría dotar a la comisión de la Cámara Baja de competencia legislativa plena.

Problemas políticos

Los problemas de calendario no son los únicos que tiene el proyecto de ley de Arrendamientos Urbanos. También los hay de carácter político, a pesar de que Borrell manifestó, justo después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley, el pasado 28 de enero, que tenía los apoyos parlamentarios suficientes para su texto. Sin embargo, a medida que se ha ido acercando el debate parlamentario, las posturas han ido variando. El desencuentro más evidente y trascendental es el que mantienen el Gobierno y su aliado en este legislatura, Convegència i Unió (CiU).El punto de discrepancia central es la abolición de la prórroga forzosa para los alquileres de los locales comerciales. El proyecto de ley establece la desaparición de esta prórroga en un periodo transitorio que podría alargarse hasta los 23 años. El grupo catalán pretende mantener esta prórroga, "con el fin de proteger los intereses de los pequeños comercios". Este sector económico es una de las principales fuentes de votos de Convergència i Unió. Esta propuesta es radicalmente rechazada por los socialistas, según manifestaron fuentes próximas a su grupo parlamentario.

La propuesta de CiU se ha encontrado con una fuerte contestación de los empresarios inmobiliarios. María Teresa Atienza, presidenta de Asipa, la asociación que agrupa a las principales empresas españolas del sector, es tajante al respecto: "Mientras no se anteponga el interés general al de determinados grupos políticos, no conseguiremos arreglar el mercado español del alquiler. Además, puede llegar a considerarse inconstitucional". El Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) también están preparan enmiendas al proyecto de ley.