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Entrevista:

"Sigo estando más a la izquierda que el PSOE"

Está tan convencido de que hace lo que debe que quizás algún día le cueste un disgusto. El juez Baltasar Garzón entró en la política en las elecciones del pasado 6 de junio y aún no se ha arrepentido.Pregunta. ¿Juzga positivo su abandono de la judicatura? ¿Ha merecido la pena?

R. Para mí es positivo, porque la labor que estoy desarrollando es interesante y en cierto modo completa la que desempeñaba en la Audiencia Nacional. De todas formas, todavía es pronto para hacer una valoración de conjunto.

P. Cuando pasó a la política afirmó que sus ideas eran más próximas a Izquierda Unida que al PSOE. ¿Cómo lo ve ahora?

R. Sigo pensando lo mismo. Creo que tanto antes como ahora, tomando como referencia un arco muy amplio, podría ubicarme más a la izquierda que a la derecha del PSOE. Digamos que mis planteamientos están más a la izquierda de la línea oficial del PSOE.

P. ¿Cómo ve ahora al PSOE?

R. Lo veo con preocupación por una parte, con expectación por otra y con el deseo de que se tranquilicen las aguas en beneficio de todos los ciudadanos. No es bueno un espectáculo en el que casi continuamente aparezcan enfrentamientos que van más allá de lo que debería ser una mera confrontación de ideas.

P. ¿Cree que el 330 congreso del PSOE debería girar un poco más a la izquierda de la línea actual?

R. Es dificil decir qué deberían hacer otros. Lo que pienso es que el grupo parlamentario se mueve por unos derroteros que están más a la derecha de donde debería estar un partido como el socialista. La situación económica, las circunstancias sociales actuales, quizá obliguen a ello, pero creo que no estaría de más compatibilizar una cierta tendencia hacia la izquierda.

P. ¿Se ha planteado la posibilidad de afiliarse al PSOE o ha llegado a la convicción de que jamás lo hará?

R. No me lo he planteado y además nunca lo haré, pero no por nada, sino porque por mi propia forma de ver las cosas nunca estuve afiliado a ningún partido ni asociación profesional. Nunca lo estuve ni tampoco lo estaré. Para mostrar las ideas no es preciso estar afiliado.

P. Sin embargo, usted perteneció a Jueces para la Democracia.

R. Bueno, es cierto. Ahí me corrigen y es verdad. Formé parte de Jueces para la Democracia en sus inicios, allá por 1982 o 1983, y al poco tiempo lo dejé.

P. Se le ve ahora más suelto hablando en público.

R. Las circunstancias te obligan a ello. No es tanto que se me vea más suelto sino que quizá tengo más confianza política en la expresión y antes me expresaba más con la racionalidad del juez.

P.¿En la política se aprende a mentir con más facilidad?

R. No. Creo que no se debe mentir y menos aun en la política. Bajo ningún concepto. Todo lo más, puedes no decir toda la verdad.

P. Que es una forma de mentir.

R. Sí, es una forma de mentir. Yo soy de la opinión de que si no quieres contestar a algo es mejor decir que no quieres contestar que dar la impresión de que no lo sabes o engañar al interlocutor.

P. ¿Qué ha podido hacer hasta ahora de aquellas buenas intenciones que expresó cuando el Gobierno delegó en sus manos la lucha contra la droga?

R. La verdad es que bastante. Las cosas no se pueden hacer ni en un día ni en dos. Planteé una serie de medidas, unas ya se han cumplido, otras están muy próximas a cumplirse. El planteamiento de globalidad de lucha contra la droga que hice realmente está cumplido y próximo a publicarse. Ya está decidida la nueva reestructuración del Ministerio del Interior. Lo que ocurre es que queda mucho camino por andar y en la lucha contra la droga siempre es más el camino por recorrer que el recorrido. Pero estoy satisfecho del ritmo de trabajo.

P. ¿Qué ha significado el paso de la. Delegación del Gobierno contra la droga del Ministerio de Asuntos Sociales al de Interior?

R. Inicialmente estuvo en Sanidad, porque era necesario centrár el tema asistencial. En una segunda etapa, antes de que yo fuera nombrado para el cargo, el Gobierno decidió ubicarla en Asuntos Sociales, porque se entendió que los problemas de la droga son de índole social. El paso a Interior no supone sino dar cobertura a la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para la represión del tráfico de drogas organizado y el blanqueo de capitales. Esta coordinación no se puede hacer más que desde Interior, pero ello no significa que se vayan a desatender los demás elementos.

P. ¿Esta mayor dedicación a los aspectos represivos no supondrá una merma de los factores asistenciales o de prdvención?

R. No, para nada. Para mí es fundamental el ámbito de la prevención. Y lo digo porque soy un convencido de que quizás la solución, a medio y largo plazo, pase por la prevención, por el control de la demanda y por conseguir que se produzca la cultura del rechazo. Y eso se obtendrá a través de una educación para la salud, de estilos de vida saludables. Lo que es evidente es que las políticas de represión absoluta han fracasado estrepitosamente. No podemos ir hacia un excesivo rigorismo en la represión, sino hacia una política de equilibrio que mezcle una represión selectiva contra el narcotráfico organizado y el blanqueo de capitales con una política de prevención cada vez más amplia y con más peso.

P. ¿Y en cuanto a la rehabilitación?

R. En un fenómeno como las drogas nunca se puede estar estático, sino receptivo a cualquier alternativa que se plantee. Hay que buscar soluciones que quizás vayan más allá de las tradicionales. Y plantearse alternativas que, aunque políticamente puedan suponer un costo importante para el que lo haga, profesionalmente y honradamente hay que hacerlo para que se muevan las voluntades en tomo a este problema.

P. ¿En qué está pensado?

R. Me estoy refiriendo al debate, sereno y reflexivo, que yo estimo necesario sobre la entrega controlada y gratuita de sustancias estupefacientes cuando fracasen los métodos de recuperación tradicionales, de los programas libres de drogas.

P. ¿Es partidario de ellos?

R. No, no estoy diciendo esto, sino que es necesario abordar ese problema para ver si es necesario adoptar medidas de este tipo.

P. ¿Sigue aumentando el blanqueo de capitales?

R. Sí, y es un fenómeno que apenas se percibe. Una de las características de la criminalidad organizada es que, en forma larvada y persistente, va extendiéndose por el entramado social. Y si no se le pone coto con los medios adecuados puede llegar un momento que corrompa esas estructuras, incluso institucionales.

P. ¿Cuenta con los medios adecuados para ponerle coto?

R. Los medios siempre son insuficientes, pero tampoco es cierto que no haya bastantes medios, lo que ocurre es que quizá hay que optimizarlos y si aun así son necesarios más, ampliarlos dentro de las posibilidades que el Gobierno tiene.

P. ¿Con qué presupuesto se cuenta para esto?

R. El presupuesto de la delegación son 5.000 millones de pesetas que van destinados sólo a los aspectos asistenciales y preventivos. A esto habrá que añadir las partidas que el Ministerio del Interior disponga para la nueva estructura de coordinación e investigaciones que se va a crear en la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas.

P. ¿Cómo va a ser esa estructura?

R. Se podría decir que es una estructura de coordinación, fundamentalmente de información e inteligencia. Se crearán dos subdirecciones, dos gabinetes, los de obtención, evaluación y seguimiento para la fiscalización del propio diseño que se hace y un centro de coordinación operativa, que tendrá una serie de servicios que abarcan desde relaciones internacionales hasta la coordinación interna operativa de los distintos servicios policiales y con otras instituciones, como la Fiscalía Antidroga, Hacienda y las policías autónomas.

P. ¿Usted podrá dar una orden a la policía para que investigue un tema determinado?

R. Claro que sí.

P. ¿A través del director de la policía?

R. Por delegación del ministro, dentro de un marco competencial que se ha diseñado y que se recogerá en el real decreto pendiente de aprobación por el Consejo de Ministros.

P. ¿Cómo está el proyecto de ley del fondo de lucha contra la droga?

R. Sólo está hecho el borrador. Se trata de que los bienes que se intervengan a las personas que sean condenadas por tráfico de drogas o blanqueo de capitales reviertan a favor de la lucha contra el fenómeno.

P. ¿Se prevé la posibilidad de que los fondos incautados a narcotraficantes se asignen provisionalmente al plan antes de que se produzca la condena?

R. Se está estudiando y es nuestra intención, pero plantea ciertas complicaciones.

P. ¿Ha previsto la creación de unidades especializadas?

R. No, por la sencilla razón de que los servicios centrales de estupefacientes y el servicio Fiscal de la Guardia Civil ya son unidades especializadas. Se trata de, aprovechando lo existente, crear una estructura superior de coordinación y ordenación del trabajo. La delegación utilizará en cada caso los servicios y las unidades que convenga, según la investigación de la que se trate, según quien haya obtenido la información, según quien considere la delegación, el centro de coordinación, que debe llevar esa investigación.

P. En otros países, especialmente en EE UU, la policía antidroga utiliza a los infiltrados y el delito provocado como una de las armas más efectivas.

R. En España no está previsto que se pueda aceptar la provocación delictiva. Creo que hay que adoptar una serie de medios de investigación que respeten siempre la legalidad. La infiltración, si se produce con el conocimiento de la autoridad judicial, sí es factible. Es muy difícil llegar a la cúpula de la pirámide delictiva si no es con la infiltración o con agentes que se hagan pasar por miembros de la organización. Lo que ocurre es que habrá que diseñarlo y regularlo adecuadamente para que haya desviaciones.

P. En alguna ocasión ha afirmado que en Galicia hay algo más que el embrión de una mafia. ¿Qué quiso decir?

R. Que, si no se toman una serie de medidas que impidan la extensión de la criminalidad organizada, puede llegar un momento en que sea inviable cortar esa expansión. El crimen organizado, cuando se extiende y penetra en el entramado social, es muy difícil acabar con él, porque pasa a formar parte de la propia forma de vida. En España aún no ha sucedido lo que con la Mafia italiana, y estamos en disposición de impedirlo. En Galicia, ese fenómeno estaba más avanzado que en otros puntos de España.

P. Usted tuvo fuertes enfrentamientos con Antoni Asunción cuando él estaba al frente de Asuntos Penitenciarios y usted era juez. Ahora es su ministro. ¿Han superado sus diferencias personales?

R. No hubo diferencias personales. Fueron estrictamente profesionales. Nunca he personalizado un conflicto. No hay enfrentamiento personal, y discrepancias profesionales puede haberlas en cualquier momento.

P. En su etapa de juez, usted investigó las actividades de los GAL, intentó hacerlo con los fondos reservados del Ministerio del Interior y procesó a los mandos de la UCIFA [servicio antidroga de la Guardia Civil]. ¿Cómo ha sido recibido en Interior? ¿Se le ve como el enemigo en casa?

R. No lo sé. Habría que preguntarle a los interesados. Nunca llueve a gusto de todos. No me preocupan las críticas ni creo que deba prestarle más atención que aquélla que exige el tratamiento profesional de un tema. Cuando investigué las actividades de los GAL y determinados comportamientos presuntamente delictivos por parte de la UCIFA lo hice con un tono absolutamente profesional y no buscando enfrentamientos con ningún cargo de Interior.

P. ¿Qué opinión le merece el pago de gratificaciones a mandos de Interior con cargo a los fondos reservados?

R. Si me preguntan qué me parece el hecho en sí, no si se ha producido, creo que, evidentemente, sería una desviación de los fines a los que los fondos reservados deben estar, como dinero público, destinados. Si lo que me preguntan es si sé que eso se haya producido, no tengo más elementos que los publicados por los medios de comunicación.

P. ¿Sería partidario de una nueva regulación de estos fondos?

R. Creo que deberían ser sometidos a un control adecuado mediante la modificación legislativa que fuera necesaria. Y ese control debería ser ejercido con un altísima responsabilidad por parte de quien tuviera ese cometido en el Parlamento.

P. ¿Por qué?

R. Precisamente por el contenido de esos fondos reservados y por las personas a las que se les pueden dar esas cantidades, que deben de ser normalmente testigos que han de ser protegidos, personas infiltradas o colaboradores en organizaciones criminales. Hay un evidente riesgo de seguridad y de la propia vida.

P. Y los jueces ¿hasta dónde deberían llegar en este tema?

R. Evidentemente, a mi modo de ver, en la investigación criminal no debe haber límites. Lo dije en 1988 y lo mantengo.

P. ¿Usted va a tener acceso a esos fondos?

R. No lo sé. El propio ministro ha dicho que será él quien los controle.

P. ¿Que opinión le merece el eventual indulto de los policías Amedo y Domínguez condenados por su pertenencia a los GAL?

R. Es un tema que aún no se ha planteado. Creo que no se debe dar. Pero, sí quiero aclarar que no hay por qué hacer distinción de un caso particular. La ley es igual para todos. Si concurren las circunstancias para que se conceda un indulto, no en este caso, sino en cualquiera, el Gobierno tiene la responsabilidad de concederlo o no concederlo. Pero, personalmente, creo que no se debe otorgar. En cualquier caso, si se produce esta circunstancia, tendré que ser coherente con mis principios y mis planteamientos.

P. ¿Quiere decir que dimitirá?

R. Que seré coherente.

P. ¿Le satisface la actual redacción de la ley de Asilo?

R. Creo que es aceptable y que mejora muchísimo la del proyecto que, a mi modo de ver, afectaba gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva. Ahora se introduce un elemento que quita, en gran medida, ese riesgo. Y aspiro a que todavía, en el trámite parlamentario que resta en el Senado, se perfile aún más la protección de los derechos que puedan quedar en cuestión. Yo desearía que fuera aún más garantista.

P. ¿Ve algún problema en la expulsión de los presos extranjeros condenados por delitos menos graves?

R. Por el hecho en sí de que sean extranjeros no se puede expulsar a nadie aunque tengan causas pendientes en España. Pero, en base a la ley de Extranjería, sí habrá veces que se pueda sustituir la permanencia en España por la expulsión. Hay que partir del hecho de que se trata de personas que tienen decretada la expulsión y que no se ha llevado a efecto porque hay una causa criminal pendiente.

P. Sus críticos le han acusado de vedetismo, de cierto exhibicionismo, lo que han llamado el síndrome del helicóptero...

R. [Risas] He renunciado a rebatir cosas. Los que me conocen de verdad saben que eso es una tontería. Pero si a algunos les agrada seguir diciendo que me gusta subirme a los helicópteros -en los que, por cierto, me mareo y en los que creo que me he subido dos veces-, que lo sigan diciendo. Tengo una labor que hacer que, en este caso, es la responsabilidad de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. Y la voy a hacer, me acusen de vedetismo o de lo que sea. Jamás busco a los medios de comunicación. Creo que se ocupan no de mí, sino del trabajo que hago, y eso es bueno para la sociedad.

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