Justicia trasladará con carácter forzoso a 17.000 objetores en dos años para cubrir plazas vacantes

El Ministerio de Justicia desplazará fuera de su localidad de residencia a 7.000 objetores este año y a 10.000 más en 1995 para cubrir plazas de la prestación sustitutoria que están vacantes. La movilidad geográfica y la asignación forzosa de destino figuran en el plan de Objeción de Conciencia aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Esta posibilidad ya la prevé la normativa vigente, pero hasta ahora no se ha aplicado por falta de fondos, ya que cada objetor desplazado cuesta 40.000 pesetas al mes. Justicia recibirá 8.000 millones de pesetas para aplicar el plan aprobado ayer.

Los ministros de Justicia, Juan Alberto Belloch, y de Defensa, Julián García Vargas, han mantenido en las últimas semanas una polémica respecto a la reforma, defendida por el segundo, de la ley de Objeción de Conciencia, para frenar el aumento del número de objetores, que amenaza con dejar sin reclutas suficientes a las Fuerzas Armadas. Finalmente se ha acordado aparcar la reforma e intentar reconducir el fenómeno aplicando a fondo la ley vigente y modificando su reglamento.El plan aprobado ayer pretende "aportar los medios necesarios, desde el punto de vista económico, administrativo y reglamentario para asegurar que los objetores de conciencia realicen la prestación social sustitutoria en los términos le galmente previstos"; es decir, en condiciones equivalentes a servicio militar. Hasta ahora, muchos objetores no cumplen las prestación por falta de plazas (hay más de 90.000 jóvenes pendientes de incorporación) y otros lo hacen en puestos pura mente ficticios.

Incorporación masiva

Justicia prevé incorporar al ser vicio social a 35.000 objetores a lo largo de este año y a otros 50.000 en 1995, de forma que a principios de 1996 se haya normalizado la situación. Para ello será preciso aumentar sustancialmente las plazas mediante conciertos con las administra ciones públicas y entidades privadas. Además, se creará una dirección general autónoma de Objeción de Conciencia, dotada con suficiente personal y con medios informáticos.

Los ordenadores de la dirección del servicio militar y de la objeción de conciencia serán conectados, de forma que los jóvenes que hayan agotado las prórrogas a la mili no puedan disfrutarlas de nuevo una vez convertidos en objetores.

Para garantizar que el servicio social se cumple "de manera seria, rigurosa y controlada" y que "nadie se escaquea de la mili haciéndose objetor", en palabras de un responsable de Justicia, se incrementarán las inspecciones, que afectarán a 12.500 objetores el año próximo. La inspección será competencia exclusiva de la Administración central, que potenciará sus delegaciones territoriales, pero la gestión de la prestación podrá delegarse en las comunidades autónomas.

Fuentes de Justicia admiten que el plan aprobado ayer, en la medida en que impone mayor rigor a la prestación, "reducirá probablemente el número de objetores, pero aumentará el de insumisos". Se da la circunstancia de que el País Vasco y Navarra, las comunidades donde mayor implantación tiene la insumisión, podrían ser las más afectadas por los traslados forzosos, ya que la falta de colaboración de la Administración local y autonómica impide crear plazas suficientes.

Aunque el plan no lo incluye, está previsto cambiar el actual procedimiento para reconocer a los objetores, hasta ahora prácticamente automático mediante la presentación de un impreso. Justicia baraja la idea de que el Consejo Nacional de la Objeción, encargado de reconocer a los objetores, convoque a los solicitantes a una entrevista personal, para que expliquen sus reparos de conciencia a la mili. Las fuentes consultadas opinan que esta fórmula, "plenamente constitucional", podría inhibir a potenciales objetores.

En las próximas semanas, el Gobierno aprobará un nuevo reglamento de la objeción, que agrupará los actuales sobre prestación sustitutoria y consejo. Este decreto acabará con el mimetismo entre la prestación y la mili; por ejemplo, permitiendo que los objetores se incorporen individualmente y no en llamamientos colectivos.

El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) difundió ayer un comunicado en el que asegura que, con esta reforma, "el Gobierno busca de nuevo parchear, desoyendo el debate social creado por la insumisión, un conflicto que, hoy en día, supone una cuestión de Estado: el cuestionamiento del Ejército. Este parcheo pretende dilatar la vida del servicio militar obligatorio por el tiempo mínimo necesario para profesionalizar totalmente el Ejército".

Por otra parte, la Fiscalía de Navarra solicitará dos meses de arresto mayor, por un delito de quebrantamiento de condena, para cada uno de los 34 insumisos en régimen abierto que el pasado diciembre no regresaron a dormir a la cárcel de Pamplona, según informa Servimedia.