Altos funcionarios de la Administración de Clinton empiezan a declarar por el 'caso Whitewater'

¿Ocultó la Casa Blanca información que pudiera dañar a Bill. Clinton o a su esposa en el caso Whitewater? ¿Trató la presidencia de influir en la investigación? A estas Preguntas comenzaron ayer a responder ante un gran jurado en Washington una docena de altos funcionarios de la Administración. Este escándalo, empieza a sembrar entre la opinión pública norteamericana la impresión de que el presidente ha actuado de forma sucia en todo el asunto.

Una encuesta distribuida ayer por el diario USA Today y la cadena de televisión CNN muestra que un 43% de los estadounidenses cree que Bill Clinton ha participado en acciones poco éticas, aunque no ilegales, en relación con WhiteWater. La popularidad del presidente, según este sondeo, ha caído ocho puntos, para quedarse en un 50%.Al mismo tiempo, crecen las posibilidades de que el Congreso convoque audiencias sobre Whitewater una vez que el investigador especial de este caso, Robert Fiske, concluya su trabajo, lo que, según él mismo ha anunciado, pueden ser una pocas semanas o unos pocos meses. Congresistas republicanos que el miércoles se reunieron con Fiske para coordinar sus acciones informaron ayer que esas audiencias son ya "inevitables".

De momento la investigación está al nivel de gran jurado, que no es lo mismo que el jurado que pronuncia un veredicto en un juicio. Un gran jurado está compuesto por diferente número de personas (23 en este caso) y su misión es la de determinar si existe materia delictiva suficiente como para iniciar un proceso judicial. Fiske está asistido por dos grandes jurados; uno en Little Rock, para tratar el asunto de la quiebra de la firma financiera Madison Guaranty, y otro en Washington, para investigar la actuación de los funcionarios de la Administración en todo este episodio.

Los dos grandes jurados tratan de buscar pruebas de delito en dos formas diferentes: uno, el de Little Rock, tendrá que decidir específicamente si hay base para creer que Clinton está relacionado con fraudes financieros ocurridos en Arkansas en los años ochenta; otro, el de Washington, se pronunciará sobre si la Casa Blanca trató de ocultar pruebas sobre ese escándalo de Arkansas. Es esta segunda dimensión del conflicto, la del posible abuso de poder por parte de la Casa Blanca, la que hace este caso semejante al Watergate.

Varios de los citados a declarar ayer ante el gran jurado de Washington consiguieron permiso para retrasar su comparecencia unos días con el objeto de preparar mejor sus defensas. Las declaraciones son a puertas cerradas, y los datos y conclusiones a las que llegue el gran jurado se le entregarán a Robert Fiske, quien tiene la última palabra antes de que se llegue a procedimientos legales contra cualquiera de los implicados. Es decir, que el caso Whitewater está todavía en un escalón muy bajo, pero la maquinaria que eventualmente podría acabar con el presidente está ya en marcha.

Los primeros convocados a declarar son cuatro asesores de Bill Clinton, dos asistentes de su esposa, Hillary Rodham, y cuatro funcionarios del Departamento del Tesoro. Todos ellos han sido seleccionados por el hecho de haber participado en reuniones con los miembros de una agencia independiente que investigaba la caída de Madison Guaranty. La agencia se llama Resolution Trust Corporation (RTC) y su cometido es investigar lo relacionado con las quiebras bancarias. En esas reuniones, según los acusadores, los miembros de esa agencia, en particular Roger Altman, habría informado a la Casa Blanca sobre los planes de los investigadores. Es decir, se habría proporcionado al presidente información secreta que podría perjudicarle. Altman es vicesecretario del Tesoro y, al mismo tiempo, jefe de la RTC. Aunque es miembro del Gobierno, puede ser ilegal el hecho de que Altman aproveche una información que obtuvo como jefe de la RTC para prevenir al presidente. Esto es lo que se tiene que ver en las declaraciones que comenzaron ayer.

Una de las que participó en esas reuniones con Altman fue Margaret Williams, asesora de Hillary Clinton. Al entrar ayer a la sala del tribunal de distrito donde se celebran las audiencias, Willianis dijo que estaba dispuesta a cumplir con las instrucciones del presidente de colaborar plenamente con la investigación. "Díganle lo que ha ocurrido, respondan sus preguntas y sean abiertos pidió a Clinton a todos los citados a declarar.