Una gestión cercada por denuncias de corrupcion

Los casos de presunta corrupción que rodean la gestión de mandatarios socialistas han evolucionado al alza desde que estalló el caso Juan Guerra, en enero de 1990, cuando un hermano del entonces vicepresidente del Ejecutivo dio uso privado al despacho del Gobierno en Sevilla.El caso Filesa sigue siendo aún la madre de todos los procesos abiertos, más por los golpes de efecto del juez Marino Barbero que por el volumen de lo descubierto hasta ahora. De momento , lo único tangible sigue siendo la desaparición de los informes por los que banqueros y empresarios pagaron casi 1.000 millones a un holding creado por el ex diputado Carlos Navarro y el senador Josep María Sala, para "financiar a un partido político de ámbito nacional mediante comportamientos valuables como delitos", según reiterada expresión del magistrado.

Pero además, el hilo de Filesa puede llevar también al ovillo de las comisiones del AVE pagadas por Siemens a GMP Consultores, propiedad de los militantes socialistas Juan Carlos Mangana y Sotero Jiménez, a Tecnología Informática 2020, del grupo controlado por la ex coordinadora de finanzas del PSOE Aida Álvarez, y a Atacir S. A., propiedad del ex director general de la Presidencia del Gobierno Florencio Ornia. Las comisiones alcanzarían 900 millones de pesetas, y a ellas habría que sumar otros 3.000 millones que el ex contable de Filesa Carlos van Schowen denunció como pagados a través de una empresa suiza.

El mismo hilo conduce a Viajes Ceres, agencia que suspendió pagos tras recibir 3.800 millones del Inserso y a la que la empresa pública Enatcar denunció por desvío de 830 millones a Aparthotel Aguamar, filial de Filesa.

Mientras, en Sevilla, cuando Juan Guerra va por su cuarta absolución, los juzgados continúan las diligencias sobre los 22 millones de la empresa Ocisa intervenidos a Jorge Ollero, hermano del director general de carreteras de la Junta de Andalucía. Y en Madrid, Carmen Salanueva, ex-directora general del Boletín Oficial del Estado acusada de malversación de caudales, se cruza en el juzgado con Luis Roldán, anterior director de la Guardia Civil, citado para aclarar su espectacular incremento patrimonial (alrededor de 400 millones).

Paralelamente, otros magistrados investigan supuestas comisiones por la compra de la empresa Elosúa por el grupo italiano Ferruzzi, eventuales responsabilidades de altos cargos y personalidades de la órbita socialista, como Manuel de la Concha, en el caso Ibercorp, y la compra de terrenos por Renfe en San Sebastián de los Reyes a precios desorbitados, o el caso de Construcciones Atocha.

Y aún está por ver si hay socialistas entre los destinatarios españoles de los fondos desviados por KIO para pagos a políticos y particulares, que podrían alcanzar los 7.000 millones.