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Los Reyes aplazan su visita a Uruguay por el trato de favor dado a los etarras

El Gobierno ha aplazado sin fecha determinada la visita de los reyes de España a Uruguay, prevista para el próximo mes de abril, a causa de la benevolencia de la justicia uruguaya con los etarras allí exiliados, según indican fuentes de la Administración. Todos los activistas vascos permanecen en libertad, y la extradición a España de varios de ellos ha sido denegada alegándose el carácter político de sus delitos.

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El jefe de Estado de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, no quería concluir su mandato -en noviembre se celebran elecciones presidenciales- sin que los Reyes visitasen nuevamente su país, en el que ya estuvieron en marzo de 1983. Con tal propósito cursó una invitación oficial a la Casa del Rey a finales del año pasado proponiendo que el viaje celebrase justo después de Semana Santa.La oferta del jefe de Estado uruguayo fue aceptada inicialmente por las autoridades españolas. El mes pasado, el Ejecutivo pidió, sin embargo, que se comunicase a la presidencia uruguaya que el viaje real carecía de fechas, aunque se seguía aceptando la invitación. En la práctica, el Gobierno aplazaba sine die la visita de don Juan Carlos y doña Sofia.

La decisión gubernamental ha sido fundamentalmente motivada por el clima enrarecido de las relaciones entre Madrid y Montevideo, aunque, en opinión de las autoridades españolas, Lacalle está exento de culpa. El titular de Interior, Antoni Asunción, reconoció ayer en el Congreso que existen problemas con Uruguay debido a su situación interna y electoral.

Un portavoz de la Casa del Rey indicó, a preguntas de EL PAÍS, que, "aunque la invitación presidencial fue aceptada, nunca se llegaron a fijar fechas y, por tanto, no se puede decir que la visita de Estado haya sido aplazada".

Concretamente, el Gobierno reprocha a la Justicia uruguaya haber puesto en libertad a casi todos los 13 miembros de ETA detenidos en Montevideo el 15 de mayo de 1992. Uruguay sólo ha concedido la extradición de tres de ellos -Miguel Ibáñez Oteiza, Jesús María Goitia Unsurrunzaga y Luis María Lizzalde Izaguirre-, y ha denegado la de otros varios calificando a veces de "delitos políticos" las acciones terroristas que les imputa la Justicia española.

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La negativa, a finales de noviembre pasado, de conceder las tres primeras extradiciones solicitadas motivó una nota de protesta del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde entonces la relación bilateral se ha deteriorado, no sólo a causa de nuevos rechazos de extradiciones, sino también por los apoyos recabados por los etarras en sectores de la sociedad civil uruguaya, incluso en círculos parlamentarios, y por el descubrimiento de imprentas de falsificación de documentos en Montevideo gracias a información proporcionada por la policía francesa.

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