Un ex empleado de seguridad confiesa al juez escuchas ilegales en la Diputación de Valencia

A. M., de 30 años, ex trabajador de una empresa que estuvo encargada de la seguridad de la Diputación de Valencia, acudió al juzgado de guardia a la una de la madrugada de ayer, domingo, para ratificar su denuncia de grabaciones ilegales en el organismo provincial. Horas antes, A. M., vigilante de profesión, confesó ante el fiscal haber participado en la colocación de micrófonos en despachos de cargos socialistas y dijo que actuó por orden de Manuel Rodríguez, un policía local que escolta a la presidenta de la Diputación, la socialista Clementina Ródenas.

Las últimas horas han sido frenéticas para A. M, casado, con una hija, y actualmente en paro. La mañana del sábado acudió a la Fiscalía de Valencia para autoinculparse de haber realizado escuchas ilegales a altos cargos socialistas de la Diputación de Valencia. Explicó al fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán, que siempre actuó por orden de Manuel Rodríguez, guardaespaldas de la presidenta del organismo provincial, Clementina Ródenas.Después se dirigió al periódico conservador Las Provincias, donde depositó las cintas que, presuntamente, contienen las grabaciones ilegales. También concedió una entrevista donde señaló que, según el escolta Rodríguez, "la misma presidenta es la que estaría interesada en oír esas grabaciones".

Cuando la rotativa de Las Provincias se puso en marcha, ya en la madrugada del sábado al domingo, recogió un ejemplar y se dirigó al Juzgado de Guardia de Valencia. Aportó ese ejemplar a los funcionarios judiciales, aseguró que se ratificaba en todas sus respuestas de la entrevista, y solicitó, finalmente, que el ejemplar se incorporara a las diligencias que tramita el fiscal jefe. Era la una de la madrugada.

"Cosas de Juan Carlos"

Tan espectacular actuación ha acabado por asustar a los socialistas valencianos, quienes, hasta ayer, se tomaban a broma las denuncias sobre la posible existencia de escuchas ilegales en la Diputación, encargadas, supuestamente, por la misma presidenta para espiar a sus adversarios políticos dentro del propio partido socialista.

"Son cosas de Juan Carlos", consideraba hasta ayer un diputado provincial socialista. El tal Juan Carlos es Juan Carlos Gimeno, diputado provincial por el Partido Popular (PP), quien en los últimos días ha venido denunciando la existencia de las grabaciones ilegales. Gimeno también ha prestado declaración ante el fiscal jefe de Valencia y le ha pedido que cite a un periodista de Las Provincias para que aporte las cintas que posee.

Las escuchas, de acuerdo con la versión de A. M, se realizaron entre los años 1992 y 1993 por parte de la empresa para la que él trabajaba: Security Blue Eagle, SL. El sistema utilizado era el de colocar micrófonos en despachos o en llevar grabadoras ocultas en determinadas reuniones.

En las grabaciones aparecen referencias a Vicent Vercher y Fernando Millán, diputados provinciales socialistas, quienes en aquellas fechas estaban enfrentados con Clementina Ródenas. También aparecen continuas referencias a un alto funcionario, Miguel Muñoz, gerente de Egevasa, una empresa pública dedicada a la administración del agua.

También se habló de espiar a los grupos políticos de la oposición, pero ese trabajo nunca se llevó a cabo. En las cintas se alude a "pagos raros" y a "pagarés retenidos", según un dirigente del PP. Sin embargo, al haber sido obtenidas ilegalmente no sirven como prueba.

Según la denuncia de A. M., la firma para la que trabajaba no recibía dinero alguno a cambio de realizar esa tarea, pero cobraba con gran rapidez lo que le correspondía por su contrato como garante de la seguridad de la Diputación.

La dirección del PSOE valenciano ha criticado duramente al PP por las acusaciones lanzadas contra Clementina Ródenas. Considera que se trata de un montaje de la oposición aprovechando la situación de precongreso de los socialistas. La ejecutiva valenciana del PSOE mantiene la tesis de que, si han existido escuchas, fueron realizadas por su cuenta por Security Blue Eagle, SL, para hacer chantaje a los responsables de la Diputación y conseguir, de esa manera, una renovación de su contrato. El contrato no fue renovado y la empresa ha desaparecido. Tampoco obtuvo un contrato que pretendía en el Hospital General, dependiente de la Diputación.