Puntualizaciones de Leopoldo Torres

Desde Estrasburgo, donde me encuentro asistiendo a una reunión del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, me he visto sorprendido por la destacada publicación, en la edición madrileña de su periódico del miércoles día 2, de una noticia sobre mis actividades profesionales, relacionada con el asesoramiento jurídico prestado al Ayuntamiento de Alcobendas, en cuyo texto se cuestiona la legitimidad de aquéllas, al ponerlas en relación con mis pasadas responsabilidades como fiscal general del Estado. Por lo demás, el mismo tema, en la versión abreviada de la edición de provincias y extranjero, merece un tratamiento pura y simplemente injurioso. A este respecto y para evitar cualquier otra interpretación malévola o equívoca, he de hacer constar lo siguiente:

1. Desde el momento mismo en que fue atendida por el Gobierno mi petición de relevo en la Fiscalía General del Estado, el 3 de abril de 1992, me he abstenido voluntariamente de intervenir en cualesquiera asuntos judiciales en que lo hubiera hecho el ministerio fiscal durante el tiempo de mi mandato, sin que, por otra parte, exista norma alguna que así lo disponga.

2. A partir de la fecha en que volví a ejercer mi profesión de abogado, tras el obligado paréntesis de incompatibilidad absoluta que corresponde al cargo de fiscal general del Estado, he limitado voluntariamente mis actividades profesionales al ámbito de lo privado, sin intervenir en asunto alguno, judicial o extrajudicialmente, en que pudiera darse siquiera la apariencia de colusión con lo público, conflicto de intereses o tráfico de influencias, sin necesidad de aplicar para ello disposición alguna que así lo impusiera, ni siquiera de orden deontológico en el ámbito del Colegio de Abogados de Madrid, al que me honro en pertenecer desde hace ya casi treinta años.

3. En relación con el asunto concreto que motiva la noticia en cuestión, hasta el momento presente sólo he intervenido en la preparación de un dictamen jurídico que me fue solicitado por el Ayuntamiento de Alcobendas, en el que se analiza la situación creada a este último por determinadas decisiones del Ministerio de Justicia y se formulan conclusiones sobre las posibles acciones a entablar para defender en derecho los legítimos intereses del Ayuntamiento en cuestión.

Dicho esto, comprenderá que no acepte someter mi actividad profesional, aparte del más escrupuloso respeto a la legalidad vigente, incluidas las normas sobre incompatibilidades, a ningún fielato político que las condicione o limite; que no entre en debates públicos ajenos a la estricta

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