La auditoría de PSV duda de la capacidad de su gestora para acabar las promociones

Las 16 páginas de la auditoría de Arthur Andersen sobre la cooperativa PSV reflejan una situación extrema. Los auditores afirman que a 30 de septiembre de 1993 no hay datos actualizados "de un número significativo de promociones", mientras "se han puesto de manifiesto deficiencias contables". Además, explican que "falta documentación soporte" de algunas operaciones. La auditoría no expresa opinión y concluye que "existen dudas" sobre la capacidad de la gestora IGS para desarrollar y terminar las promociones de PSV iniciadas.

Pese al crudo análisis de los auditores, fuentes de la Administración insisten en que PSV puede ser viable, si bien, para ello, los cerca de 14.000 socios tendrán que aceptar deslizamientos en el precio final de las viviendas contratadas con IGS y asumir, además, la cobertura de los desfases que se puedan producir en las cuentas de PSV.Las claves para desbloquear la situación siguen siendo, tras muchas semanas de contactos y discusiones, las mismas que en el mes de enero: la solución de la suspensión de pagos de IGS, previa presentación de su balance definitivo, y la elaboración de un plan de viabilidad para PSV.

Pero tanto el balance definitivo de IGS como el plan de viabilidad de PSV se retrasan. ¿Por qué razones? Fuentes cercanas al proyecto de UGT y de la propia -Administración aseguran que "una de las causas es que no todo el mundo está remando en la misma dirección". En otras palabras, existen discrepancias entre los ministerios encargados de tutelar una salida para el proyecto de viviendas. No son las únicas discrepancias. El presidente de IGS, Prudencio García, según confirman quienes conocen los contactos que mantiene con los administradores de PSV nombrados por el juez José Antonio Enrech, no se entiende con todos ellos. Tampoco mantiene relaciones fluidas con todos los altos cargos implicados en la búsqueda de una solución. Para aumentar más la confusión, la administración judicial considera que la situación ha llegado al límite.

Nueva gestión

La auditoría, aunque tiene fecha de 30 de septiembre, y por lo tanto es anterior al nombramiento de Prudencio García como presidente, insinúa también que los nuevos gestores no han avanzado mucho en sus meses de trabajo. Así, afirma que la dirección actual no ha podido entregar debidamente cumplimentada la denominada "carta de manifestaciones generales", habitual en las auditorías. "No hay respuestas suficientes de los proveedores, acreedores y bancos" se lee en el documento.

El balance definitivo de la suspensión de pagos de la gestora IGS, encargado al bufete de abogados Garrigues, es clave para encauzar el problema PSV. El balance aún no ha sido presentado. A diferencia de lo que sucede con la auditoría de PSV, la realizada por Arthur Andersen sobre IGS permanece celosamente guardada. Apenas ha habido filtraciones.

El único dato conocido acerca de la situación financiera de IGS es que, a 30 de septiembre, sus pérdidas se cifraban en unos 18.500 millones de pesetas. De cómo se cubran esas pérdidas depende, la quita a soportar por los acreedores (incluidos los cooperativistas que contrataron la gestión). También depende de ello la devolución a PSV de los más de 10.000 millones cobrados por adelantado por la gestora a los socios. Y esa devolución es, a su vez, determinante para aclarar cómo quedan las cuentas de PSV y qué sacrificio añadido tendrán que soportar los socios.

La clave IGS

En Trabajo se reconoce que IGS es la clave. De hecho, el balance de PSV que manejan los técnicos, "cuadra". Es decir, activo y pasivo estarían en equilibrio (ver cuadro) si IGS Urbanismo consigue devolver los anticipos que, por diferentes conceptos, ha cobrado a los cooperativistas.

Del balance de PSV se desprenden también otros datos interesantes. Así por ejemplo, las aportaciones de los socios se fijan en 35.438 millones frente a unas existencias de 35.894 millones. Todo sería correcto si no fuera porque IGS ha cobrado a los cooperativistas más de 10.000 millones de pesetas y adeuda a bancos y otros sociedades cerca de 9.000. Si a los 10.000 millones adelantados por los socios se le restan los 4.000 millones que PSV debe al propio grupo IGS, aún quedan más de 6.000 millones que, según diversas fuentes, "han financiado otras cosas". Para que no falte suspense, los auditores añaden que "no podemos asegurar que no existan activos, pasivos o compromisos adicionales no registrados".

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