España no debe ceder

UNA DE las cuestiones que se discuten a estas horas en las complejas negociaciones de adhesión de Austria, Finlandia, Suecia y Noruega es el sistema de votación que va a emplear el Consejo de Ministros cuando sean 16 los países que se sienten alrededor de la mesa. España, junto al Reino Unido e Italia, se niega a aceptar la propuesta de aplicación mecánica de los actuales porcentajes a la nueva distribución de votos, de forma que exige dejar en 23 votos sobre 76 la llamada minoría de bloqueo, en vez de los 27 sobre 90 que quieren los países candidatos y buena parte de los otros socios. -La complejidad del sistema de votos no permite que la opinión pública española perciba con claridad lo que de verdad se está jugando en una cuestión aparentemente técnica. No se trata de que España reivindique el derecho a realizar obstruccionismo en votaciones dirigidas además a acelerar la construcción europea y a mejorar la cohesión y la solidaridad entre los países socios. El problema es que en numerosas votaciones en las que se están jugando ayudas económicas, limitaciones a la producción agrícola, estándares medioambientales o salvaguardas comerciales España debe contar, como mínimo, con la capacidad de negociación que le proporciona la posibilidad de alcanzar la minoría de bloqueo.

Hasta ahora, los negociadores españoles en el día a día de la Unión Europea han contado siempre con una doble elección para alcanzar los 23 votos o amenazar con alcanzarlos. A los ocho votos españoles debían sumar los diez de un país grande -Francia o Italia, habitualmente- y los cinco de uno pequeño -Portugal o Grecia-. Esto es lo que se ha venido en llamar la minoría de bloqueo mediterránea, que ha permitido salvar los muebles in extremis en numerosos casos, en cuestiones principalmente agrícolas.

El ingreso de tres países nórdicos y uno centroeuropeo y alpino va a desequilibrar de entrada la óptica con que se observarán muchos problemas propios de los países mediterráneos. El aceite de oliva, el consumo de bebidas alcohólicas, las relaciones con los países del Magreb o la caza de ballenas se ven con ópticas muy distintas desde los fiordos noruegos o desde las costas andaluzas. Estos países, además, van a con tar con un numero de votos en el Consejo que desequilibra profundamente la representación de la población. Los ciudadanos del sur, donde hay países de mográficamente muy importantes, como Francia, Italia o España, contarán a partir de ahora con una representación desproporcionadamente pequeña en relación a los del norte, más fragmentados, y, en con secuencia, con más votos en el Consejo. Es muy razonable, por tanto, que el Gobierno español quiera mantener la minoría de bloqueo en 23 votos o alternativamente exigir que los 27 votos representen a tres países o a 100 millones de habitantes. No valen argumentos supuestamente federalistas o europeístas para exigir a España que renuncie a defender sus intereses y sus derechos. Quienes quieran reforzar la unidad política europea tienen otros caminos más contundentes que la imposición del trágala de los del norte sobre los del sur. Por ejemplo, una mayor representatividad demográfica. Si es un problema de efectividad, pueden ir más lejos y propugnar la creación de un directorio de países grandes con peso específico y con una diplomacia importante.

Sería bueno, sin embargo, que los ciudadanos españoles conocieran mejor lo que está en juego en la ampliación de la Unión y específicamente en el sistema de votos. Estaría muy bien que los ganaderos que se preocupan sobre las cuotas y las multas lecheras, los agricultores que temen por sus exportaciones tempranas o los industriales del textil que se indignan por los acuerdos del GATT conocieran mejor la importancia de este envite y de lo que puede resultar si a los negociadores españoles se les ocurriera ceder en esta cuestión, calificada como "de Estado" por uno de ellos.