González convoca a los presidentes del Constitucional y del Supremo

El presidente del Gobierno, Felipe González, convocará, probablemente la próxima semana, a los presidentes del Tribunal Constitucional, Miguel Rodríguez-Piñero, y del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pascual Sala. El motivo del encuentro es el reciente conflicto planteado por los magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo, que acusaron al Constitucional de invadir sus funciones al modificar una sentencia suya en un caso de paternidad. Rodríguez-Piñero se encuentra desde ayer fuera de Madrid en un viaje de trabajo.La atención de la queja de los magistrados del Supremo -que tenía como inicial destinatario al Rey y finalmente se encauzó hacia Sala- requerirá la iniciativa legislativa para reformar algunas leyes, de ahí la convocatoria de González, que quiere conocer de primera mano las claves del conflicto. El presidente del Supremo ya ha conversado con el del Constitucional y el del Gobierno, y en uno de estos contactos se produjo la sugerencia de que se reunieran los tres presidentes.

El presidente del CGPJ recordó a este periódico que los magistrados que han protagonizado la queja "saben muy bien que al presidente del Tribunal Supremo, no a mí como persona", dijo, "no puede utilizársele como vehículo de transmisión de ningún mensaje si él no está de acuerdo con el mensaje".

Para Sala, una de las soluciones consiste en acentuar el papel de los tribunales ordinarios "en la tutela de los derechos fundamentales", incluso creando una nueva sala del Supremo, para limitar la posibilidad de recurrir al Constitucional cuando la violación de derechos fundamentales la han cometido órganos judiciales inferiores.

Derechos fundamentales

Esta solución es vista con cautela por los constitucionalistas, ya que, aunque descargaría de trabajo al Tribunal Constitucional, limitaría la actual posibilidad de recurrir en amparo contra las violaciones de derechos fundamentales perpetradas por el Supremo.La última sentencia del Constitucional, dictada el 15 de febrero y de la que ha sido ponente su presidente -como la que originó la queja de los magistrados-, ampara al periódico La Voz de Asturias y a dos de sus periodistas, que habían sido condenados por la Sala Civil del Supremo por publicar una información que el alto tribunal considera amparada en el derecho constitucional a comunicar información veraz.

A pesar de éste y otros ejemplos de vulneración de derechos fundamentales por el Supremo, Sala considera que no se puede "dar la imagen", dice, "de que la jurisdicción ordinaria propende más a vulnerar derechos fundamentales que la jurisdicción constitucional". Añade que "con la experiencia que ya existe, los jueces ordinarios han asimilado plenamente la interpretación de la Constitución en materia de derechos fundamentales realizada por el Tribunal Constitucional".