Un directivo bancario relaciona a Bertrán de Caralt con las inversiones con DNI falsos

La Audiencia de Barcelona sentó ayer en el banquillo al primer acusado por el supuesto fraude fiscal de 2.000 millones de pesetas con DNI falsos. Ramón Miguel Girabert, directivo del Banco Santander, relacionó las inversiones realizadas con los mencionados DNI y las empresas avícolas del grupo de Bertrán de Caralt, acusado por el fiscal de ser el verdadero inversor. Bertrán, empresario emblemático de la burguesía catalana que declarará hoy o mañana, comentó en un descanso: "Ojalá el dinero hubiera sido mío".

A preguntas de la acusación, el subdirector del área de grandes empresas del Banco de Santander respondió: "Si todos los riesgos se amparaban en el aval de Bertrán, en algún sitio estará la conexión. Si no, no sé por qué era avalador".La primera sesión del juicio empezó con múltiples alegaciones de los defensores de los 17 acusados, que se enfrentan a una petición de 69 años de cárcel. La mayoría de los letrados solicitaron la nulidad del procedimiento, rechazada después por el tribunal. Girabert dejó claro que la práctica de invertir cantidades de dinero con simples fotocopias de DNI y con una carta de inversión, sin comprobar la identidad del inversor, se hizo desde 1988 "por la confianza" que merecía Timoteo Ramírez, que fue quien aportó las fotocopias. Ramírez es uno de los hombres de confianza de Bertrán, para el que trabaja desde hace años. La acusación argumenta que Bertrán de Caralt -a través de la colaboración del empleado Timoteo Ramírez, de Manuel Ribas y de Jaime Parera- ideó un sistema para ocultar a Hacienda sus inversiones y eludir el pago de impuestos.

Girabert afirmó que conoció a Ramírez en el año 1984 porque era uno de los gestores de las empresas de Bertrán de Caralt. "Se venían manteniendo operaciones en torno a los 2.000 millones".

Girabert concretó que la mayoría de las operaciones de activos estaban avaladas por Bertrán. Ante la evidencia de que esa declaración perjudicaba a Bertrán, su abogado defensor preguntó a Girabert si tenía constancia de que su cliente fuese el principal accionista de las empresas. Y Girabert contestó: "No me consta. Pero todas las operaciones impostantes estaban avaladas por él".

El modo de operar era siempre el mismo. Ramírez le comunicaba mediante una llamada telefónica que le iban a llevar la documentación y el dinero para una inversión. Posteriormente, a la entidad acudía un empleado de Ramírez (Jaime Parera) con la carta de inversión, la fotocopia de un DNI y los talones. El banco, sin más, procedía a la inversión y sólo comprobaba que la firma de la carta y la del DNI fuese la misma. Y como reconoció ayer el misma Girabert, ignoraba quién era la persona cuyos datos se utilizaban.

Lo mismo ocurría cuando se procedía a la desinversión: volvía a acudir Parera con el recibo ya escrito y firmado en un documento particular -no del banco- y se les entregaba el dinero, siempre en cantidades muy fraccionadas y en cheque al portador. "Oiga, y si el inversor del DNI utilizado hubiera aparecido para cobrar, ¿qué hubiera hecho?", preguntó e fiscal. "Nada, no lo hubiese podido justificar", reconoció Girabert. En varias ocasiones insistió en que la práctica se admitió por la confianza en Ramírez y que ignoraba el engaño de los DNI.