Policías de cloaca

Recorrer las cloacas de una ciudad provoca náuseas. Adentrarse en las cloacas de la policía causa pavor: es un mundo donde pululan vagos, maleantes, chiflados y... hasta asesinos. El cuerpo humano no es sólo corazón y cerebro: también tiene tripas y produce inmundicias. En el cuerpo policial ocurre algo parecido, como ha dejado al descubierto el reciente asesinato de cuatro personas en Nigrán (Pontevedra), a manos de dos agentes."Los casos de corrupción son aislados", afirma el Ministerio del Interior, que justifica que Manuel Lorenzo, uno de los presuntos homicidas de Nigrán , siguiera en activo porque los instrumentos legales actuales no permitieron separarle del servicio. "El régimen disciplinario funciona mal", dicen los sindicatos.

"Condenado a 10 años de prisión un guardia civil que mató a un compañero en Navarra". "Dos policías violaron a una marroquí en Madrid". "Detenido un inspector jefe acusado de abusar y robar a un travestido a punta de pistola". "Uno de los policías que escoltaron a Michel Domínguez intenta matar a su mujer". "Dos policías, condenados por malos tratos a un detenido". "Un policía mata a una joven y se suicida". "Detenido en Málaga un policía con 75 kilos de hachís". "Un policía, encarcelado por matar de un tiro a un detenido en Las Palmas". "Un guardia civil se suicida al creer muertas a dos chicas que viajaban en su coche". Son titulares, elegidos al azar, de noticias publicadas durante el año pasado. Demasiados casos aislados".

"El porcentaje de funcionarios corruptos es pequeño. Pero para nosotros es alarmante. Sólo con que hubiera un caso, estaríamos preocupados", dice el inspector jefe Manuel Doña, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP). ¿Y cómo es posible que un hombre como Manuel Lorenzo conservara su placa y su pistola? Porque no. había pruebas contra él, asegura Interior. "Porque el régimen disciplinario funciona mal: es lento y muy subjetivo", replica el SUP. "La dirección general expulsa durante tres años a un funcionario por trabajar en sus horas libres como pastelero y en cambio no es capaz de hacer lo mismo con Lorenzo", remacha el sindicalista.Interior se queja de que las garantías jurídicas que amparan a todos los españoles -incluyendo lógicamente a los policías y guardias civiles- impiden adoptar medidas disciplinarias radicales sin disponer antes de suficientes elementos probatorios. Los representantes sindicales replican que la cúpula política cuenta con herramientas legales más que suficientes como para meter mano al funcionario de conducta dudosa. "¿Que no puede actuar la dirección general? Ahí va un ejemplo ocurrido hace unos años. Sesenta policías fueron suspendidos de empleo y sueldo durante varios meses sólo porque estaban a cargo de otros tantos radiotransmisores. El ministro José Luis Corcuera les sancionó porque fue imposible saber quién le había insultado por las comunicaciones internas de la policía, tras una manifestación de funcionarios. Y, al no saber quién fue el autor de los insultos, castigaron a todos los que pudieran haber sido", recuerda un dirigente de la Unión Federal de Policía (UFP), Federico López Ferrer. Más tarde, fueron amnistiados. "¿Que no es duro el régimen disciplinario?", se interroga incrédulo otro agente. "Hasta por no llevar la gorra reglamentaria te pueden expendientar y trasladar durante tres años a otra ciudad", afirma. Son desoladores los resultados de una encuesta de salud realizada en 1988 entre los 55.000 miembros del Cuerpo Nacional de Policía, durante la época en que José María Rodríguez Colorado ocupó la dirección general. El 16,3% son bebedores excesivos de alcohol, y entre el 3,5% y el 7,6%, son probables alcohólicos. El 4,6% padece problemas de salud mental Destaca una mayor incidencia entre los destinados en el País vasco, Navarra, Oviedo y Madrid. El 38% de los funcionarios no habían acudido jamás a los servicios médicos de la policía.

Otro estudio realizado en 1989 por María Soledad González Mateos y Carmen Arévalo Martín, de la Universidad de Salamanca, no llegaba a pronunciarse sobre la existencia o no del llamado síndrome del Norte que afectaría a los destinados en las comunidades vasca o navarra. Aunque detectaba entre estas personas preocupantes síntomas de soledad, sentimiento de no integración, sensación de rechazo, deseos de salir de esa zona y "conductas de escape" que se traducen en un consumo excesivo de licores.El director general de la Policía, Carlos Conde-Duque, ha negado que Manuel Lorenzo y Jesús Vela, los dos presuntos asesinos de Nigrán, sufrieran el sindrome del Norte tras su paso por el País Vasco y Navarra antes de llegar a la comisaría de Vigo. De hecho, Interior viene negando de forma contumaz la existecia del síndrome del Norte. Sin embargo, varios portavoces sindicales creen lo contrario y sospechan que Vela y Lorenzo "se volvieron chiflados" durante su estancia en estas regiones.

¿Cómo es posible que un agente cosa a tiros a su esposa sin haber dado antes señales de alerta? ¿Cómo se entiende que alguién se vuele la cabeza sin mostrar previamente signos de desequilibrio? ¿Puede un hombre convertirse en asesino de la noche a la mañana? ¿Un policía se transforma en delincuente sin una preparación previa?

Tanto el SUP como la UFP, dos de los sindicatos con mayor implantación, coinciden en que la policía no tiene un proyecto de salud mental claro y que tampoco hay una adecuada estructura encaminada a la prevención de los trastornos mentales de los agentes. Así, dicen, cuando saltan las alarmas ya es demasiado tarde.

"El año pasado, los casos de suicidio fueron el triple de los que se registran en otras profesiones de alto riesgo", señala Manuel Doña, el portavoz del SUP. Y, además, añade que "se ha disparado" el índice de bajas por enfermedad de menos de tres días de duración, lo que viene a demostrar "el alto grado de desmotivación" existente entre los miles de miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

El Consejo de Policía, integrado por representantes sindicales y de la dirección general, estudió durante 1993 un total de 153 expedientes disciplinarios. A ese órgano sólo llegan los casos más graves, los que afectan a funcionarios para los que se pide la expulsión o la separación del servicio por tres años.

La lectura de los expedientes pone los pelos de punta. Supone un paseo por las fétidas cloacas. Gerardo M. R. atracó a un camello madrileño para quitarle varias papelinas de heroína. Francisco B. C. vendió su arma reglamentaria y luego robó otra a un compañero. Rafael C. M. asesinó a tiros a su amante. Juan R. T. asaltó con varios delincuentes un estanco del barrio de Vicálvaro, en Madrid. Bartolomé G. M. prestó su pistola a un chorizo para que atracara un banco en Talavera de la Reina (Toledo). José M. G. y José P. G. robaron instrumentos de un conservatorio de música aprovechando el revuelo causado por otros ladrones.

Y más ejemplos de los desaprensivos y majaras que pululan por los cuerpos de seguridad del Estado. Vicente A. M., de Teruel, la emprendió a golpes con un compañero al que dejó KO tras romperle una clavícula.

Lorenzo V. P. entregó a las camareras de un puticlub de Madrid varias dosis de droga que antes había decomisado a un traficante. Casto C. U. se lió a tiros con su mujer y le dejó de recuerdo un agujero en una pierna. Francisco M. G., de Sevilla, fue expulsado, tras dos años enganchado a la droga. Miguel Ángel C. R., del Puerto de Santa María (Cádiz), irrumpió en plan Tejero en el despacho de su jefe para expresar su disgusto por no obtener el traslado a otra ciudad."Casos aislados""Casos aislados", insisten desde Interior, que consideran "normal" que en un colectivo formado por 140.000 policías y guardias civiles haya más de un delincuente y más de uno que está más sonado que las maracas de Machín. "Lo que ocurre es que en la prensa se airean estos he chos y no lo que puede haber en tre los funcionarios de Comercio o de Agricultura. ¿Por qué no se publica esto?", se queja un coro nel de la Guardia Civil. Quizá sea porque no es muy frecuente que un administrativo de Industria se líe a tiros o que un jefe de Sanidad controle un prostíbulo de carretera. La dirección de la Guardia Civil se niega a facilitar informa ción sobre los funcionarios que tiene expedientados. El único dato obtenido sobre el instituto armado fundado por el duque de Ahumada es que sus miembros tuvieron que comparecer ante los jueces en 3.813 ocasiones durante el año 1992, según consta en la memoria anual del Ministerio del Interior.

"Los trapos sucios se lavan en casa". Ése es el lema de los cuerpos de seguridad del Estado. A nadie le gusta que un extraño re mueva en su propia basura. Igual que ni al alcalde más tonto de España se le ocurriría enseñar las cloacas a ningún visitante ilustre de su ciudad.

Ahí están el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez por disparos de un guardia civil madrileño; el encarcelamiento de varios agentes de Melilla por comerciar ilegalmente con gasóleo boníficado, o el caso Ucifa por supuesto pago con droga a confidentes, para demostrar que entre los tricornios también hay chifla dos y corruptos.

En el Cuerpo Nacional de Policia se incoaron el año pasado 1.533 expedientes de suspensión Cautelar que afectaban a 141 funcionarios y otros 568, por faltas menos graves, en los que están inmersos otros 722. En 1993 fue ron expulsados 20 agentes y 75 más fueron apartados del servicio durante tres años por faltas muy. graves.

Algunos mandos policiales se quejan de que la presunción de inocencia y otras garantías legales impiden actuar contundente mente contra quienes se apartan de la norma. Pero los represen tantes sindicales sostienen que la dirección tiene suficientes mecanismos como para actuar contra cualquier funcionario sin esperar a que haya antes un pronuncia miento judicial.

Un policía o un guardia civil puede ser castigado por trabajar de taxista en sus ratos libres, por estar encargado de una papelería o por hacer de portero en una discoteca para compensar su bajo salario. Pero ni siquiera por esto fueron sancionados Vela y Lorenzo, los dos de Nigrán, vinculados a un centro de prostitución de lujo de Vigo. La ley obliga a los funcionarios a tener dedicación exclusiva. Resulta difícil de entender que sea aparentemente tan fácil sancionar hechos de menor trascendencia y en cambio sea tan dificil expulsar a un hombre como Lorenzo, que llevaba tres años originando problemas graves."La Ley Orgánica 2 / 86 establece que, iniciado un expediente disciplinario contra un funcionario por hechos presuntamente constitutivos de delito, el expediente ha de paralizarse hasta que se produzca una resolución definitiva en el orden penal", explica un directivo de Interior.

"La declaración de hechos que se produzca en la sentencia vincula a la Administración, lo que puede hacer que una falta muy grave sea sancionada tres, cuatro, cinco o incluso más años después de que se cometió la infracción", agrega el representante de Interior. El reglamento, sin embargo, permite aplicar al infractor medidas cautelares como la suspensión de funciones, la retirada del arma o los haberes por no más de seis meses.La Brigada de Régimen Interior, conocida popularmente como brigada anticorrupción, es la policía de la policía. Tiene menos de cien hombres, a las órdenes directas del comisario Agustín Linares, subdirector general operativo de la Policía, para controlar y vigilar a sus 50.000 subordinados. Esta unidad se encargó de seguir los pasos a Lorenzo cuando hace un año se ofreció a la esposa del presunto narcotraficante Laureano Oubiña para liquidar al arrepentido Ricardo Portabales, principal testigo de cargo en el juicio por la Operación Nécora.Asuntos suciosLa brigada no consiguió pruebas de que Lorenzo -mujeriego y jugador empedernido- estaba mezclado en asuntos sucios. Lo más increíble es que ni el gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada, ni el comisario jefe de Vigo, Luis García Mañá, estuvieran informados de que la brigada anticorrupción tenía serias sospechas sobre tal personaje. Parada. no pudo ocultar su rostro de asombro cuando un periodista le informó de ello la semana pasada. Leliabría dolido menos si le hubieran dado un puñetazo en el estómago.

"Hay que ser muy duros con los comportamientos desviados de los servidores del orden públicos, y los más interesados en ello deben ser los policías y sus sindicatos", declara Jorge Parada. "Nunca me atrevería a decir", añade, "que en un colectivo tan grande no quede ningún funcionario corrupto; este tipo de hechos no debe manchar a todo el cuerpo". Así debe ser.

"Hay policías y guardias civiles que alquilan sus radiotransmisores a los contrabandistas o a los narcotraficantes. Les cobran 100.000 pesetas por usar un par de horas el aparato, que les permite controlar los movimientos de las fuerzas de seguridad mientras descargan los al¡jos", señala un funcionario.

Un comisario hubo que abusó de su placa insignia para obtener favores sexuales de dominicanas a cambio de legalizar su situación en España. Hay otros agentes a los que les gusta demasiado el anís o que, simple y llanamente, tienen las neuronas del revés. Son los menos, según coinciden todas las fuentes. Pero este grupo ensucia y ensombrece el trabajo de miles de compañeros.Habla de nuevo Federico López Ferrer, dirigente de la UFP: "Los responsables políticos de Interior no han adecuado la estructura de prevención a los nuevos incidentes producidos por los policías". Antes, los miembros de las fuerzas de seguridad tentan poco dinero y poca cultura. La corrupción consistía muchas veces en tomarse dos copas por la cara. Ahora, la cultura del dinero y la aparición del narcotráfico han hecho cambiar las cosas. A veces, el simple hecho de mirar para otro lado puede reportar el sueldo de varios meses. La tentación es muy fuerte para funcionarios mal retribuidos.

El ministro del Interior, Antoni Asunción, ya ha anunciado que incrementará el número de efectivos dedicados a luchar contra la corrupción y expulsar de la policía y de la Guardia Civil a aquellos individuos que "no deberían haber ingresado nunca" en estos cuerpos.