A la quinta se rompió la red

Hace dos años Javier de la Rosa explicó ante un nutrido y embelesado auditorio de estudiantes de Empresariales que se sentía feliz haciendo de funambulista y paseándose al borde del abismo, seguro de que en caso de caída siempre habría una red. Hasta el último momento parecía convencido de que conseguiría paralizar la querella de Kuwait Investment Office (KIO) contra él, cuatro veces frenada por el juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, que no la admitió a trámite las dos veces que se presentó ni las otras dos que se recurrió esa negativa. Pero, a la quinta, De la Rosa corre el peligro extremo de que la red se rompa definitivamente.De la Rosa, responsable de las inversiones kuwaitíes en España, ha intentado con frenesí durante los últimos días recabar viejos y nuevos apoyos, acudiendo, incluso, a personalidades con acceso a importantes autoridades del país.

Durante los primeros episodios de la crisis con KIO, De la Rosa y sus abogados explicaron a quien quisiera oírles que gran parte del dinero desaparecido sin justificación aparente había recalado en las cuentas corrientes de personas relacionadas con partidos políticos y sindicatos. Al fin y al cabo, España había consentido que su territorio fuera una base para las operaciones de liberación de Kuwait durante la Guerra del Golfo. De la Rosa insinuó que esta colaboración no fue desinteresada y que remover los hechos no sería del agrado de las autoridades españolas.

Los nuevos gestores de KIO no aceptaron esa versión y sus abogados e investigadores se preguntaron quiénes eran los verdaderos propietarios de una tupida red de sociedades sin actividad que recibían cuantiosas sumas de dinero procedentes de KIO y de Torras.

Estas sociedades estaban situadas en paraísos fiscales protegidas por legislaciones que garantizaban que sus titulares permanecerían en secreto. La querella presentada en España ya hacía referencia a algunas de esas sociedades que siempre recibían cuantiosas comisiones o créditos multimillonarios.

En Londres, donde KIO presentó una demanda contra 21 antiguos ejecutivos, incluido el ex presidente Mohammed Al Sabaj y De la Rosa, la High Court sí se ha movido. Primero requirió a un banco británico el nombre de los titulares de diversas cuentas en las que KIO había ingresado dinero. Cuando tuvo información suficiente ordenó el embargo de bienes de Al Sabaj por 500 millones de dólares. En ese momento comenzó a romperse la red.