La Audiencia Nacional ordena tramitar la querella de KIO contra Javier de la Rosa

La querella de KIO contra Javier de la Rosa y otros seis administradores del grupo kuwaití en España será investigada por la Audiencia Nacional, según una resolución de la Sección Segunda Penal que se hará pública a las 10 de la mañana de hoy y que estima el recurso de tres catedráticos de Derecho Penal contra la negativa del juez de delitos monetarios Miguel Moreiras, a investigar el asunto. El tribunal ha entendido que el escándalo económico que desembocó en la suspensión de pagos del Grupo Torras no puede quedar sin respuesta judicial en la vía venal.

La admisión a trámite de la querella, en la que se acusa a De la Rosa y a su equipo de haberse enriquecido en más de 120.000 millones de pesetas procedentes de las sociedades que administraban, implica que el juez Moreiras deberá practicar las investigaciones y diligencias de prueba que resulten procedentes a propuesta de los querellantes y del fiscal.La decisión de la Audiencia implica un nuevo varapalo para el juez Miguel Moreiras, quien en 1993 emitió hasta cuatro pronunciamientos distintos en contra de la admisión de la querella. En el primero de ellos, Moreiras dictaminó que las conductas imputadas a De la Rosa y a su equipo no están tipificadas como delito y que los representantes legales de KIO no habían aportado datos suficientes de que los antiguos gestores hubieran cometido los delitos que se les imputan.

La querella, presentada el 10 de enero de 1993 y documentada en 114 folios por un equipo encabezado por el abogado José María Stampa Braun, fue dirigida contra Javier de la Rosa, ex vicepresidente de Torras; Jorge Núñez Lasso de la Vega, ex consejro delegado; Narciso de Mir, ex presidente de Ercros, Juan José Folchi, ex consejero de Torras; José María Sot Casas, ex secretario del consejo de Torras y Mohamed Al Sabah, ex presidente de KIO en Europa y Fouad Jaffar, ex presidente de Torras.

La querella describía ocho operaciones que a juicio de los querellantes incurren en delitos de estafa continuada, apropiación indebida, falsedad en documento público, maquinaciones para alterar el precio de las cosas y delito fiscal.

En su primera negativa a instruir el caso KIO, la tesis mantenida por el juez de delitos monetarios insistía en que los datos objetivos sobre actuaciones eventualmente fraudulentas del equipo de De la Rosa podían obtenerse a través del procedimiento ejecutivo universal que se sigue en un juzgado de Madrid por la suspensión de pagos de Torras. Para Moreiras, sólo si en este procedimiento civil se acreditase que las suspensiones de pagos han sido fraudulentas, podría actuarse en vía penal contra De la Rosa, y en tal caso, la pena a imponer sería superior a la del delito de estafa agravada.

Frente a esta argumentación, el tribunal ha entendido que el caso no puede quedar sin ninguna respuesta judicial. La resolución, de la que ha sido ponente el presidente de la Sección Segunda Penal, José Antonio Jiménez-Alfaro Giralt, se ha visto precedida de intensas deliberaciones en las últimas semanas, según indicaron fuentes de la Audiencia Nacional.

El auto del tribunal razona, a lo largo de una docena de folios, que de no investigarse los hechos podría generarse una grave situación de indefensión.

El juez Moreiras ya fue advertido con estos mismos argumentos en otro auto de junio del año pasado, cuando el tribunal declaró nulos sus dos primeros pronunciamientos contra la tramitación de la querella. Entonces, el tribunal sólo se detuvo ante un defecto formal -Moreiras abrió unas diligencias indeterminadas cuando sólo podía haber abierto un sumario ordinario o un procedimiento abreviado-, y no entró a considerar si la querella debía admitirse o no. Sin embargo, la resolución ya sugería que podía darse una posible falta de tutela judicial para los querellantes.

Ignorante a toda suerte de sutilezas, el juez Moreiras abrió un procedimiento ordinario y volvió a rechazar la querella.