Intervención de PSV

EN COINCIDENCIA con el juez encargado de la suspensión de pagos, la UGT solicita la intervención del Gobierno en la cooperativa de viviendas PSV. La central argumenta que, una vez hipotecado su patrimonio, no puede hacer más para salvar la cooperativa, y que la intervención no tendría por qué suponer desembolso de dinero público. Por su parte, el Gobierno argumenta que la intervención administrativa hasta el punto reclamado por UGT (sustitución de la asamblea de socios) sólo puede tener dos objetivos: o sacar adelante el proyecto con toda la ayuda necesaria -pendiente de cuantificar mediante auditoría- o asumir la responsabilidad de liquidar el proyecto. Ninguna de las dos cosas tiene por el momento, a juicio del Gobierno, una justificación clara.Los cooperativistas esgrimen el caso de Banesto para reclamar la garantía del Estado y de su dinero público a fin de que la cooperativa no se hunda. Ello sería dificil de justificar en un momento en que la crisis se ha llevado por delante muchas iniciativas, incluidas no pocas cooperativas. El hecho, sin embargo, de que ésta afecte a 20.000 familias es un argumento a considerar: es demasiada gente, y entre las responsabilidades de un Estado social de derecho está paliar los efectos de ciertas catástrofes. Pero si ese criterio se aplicase indiscriminadamente, bastaría comprometer a muchas familias -a poder ser modestas- en las más insensatas aventuras financieras para que el Estado respondiera del eventual desastre.

Otro argumento es que también se invertirá dinero público en la salvación de Banesto. Puede discutirse la necesidad o no de esa intervención en concreto, pero todos los países cuentan con mecanismos preestablecidos -y fondos públicos- para evitar que crisis bancarias como la de Banesto afecten al sistema de pagos del país en su conjunto. No son, por tanto, casos homologables. Además, los accionistas de Banesto perderán parte de su dinero.

Ojalá que sea cierto lo que dice UGT de que no será necesario poner dinero público. Ello depende, al menos en parte, de los resultados de la auditoría. Pero la experiencia indica que difícilmente es evitable, en casos de este tipo, la aportación del Estado (directa o indirecta). Si así fuera, un acuerdo razonable deberá contemplar alguna forma de reparto de las cargas. La UGT, en cuanto avalista, en la parte que corresponda, pero también los cooperativistas, que no podrán acceder a sus viviendas en las ventajosas condiciones que les fueron ofrecidas. Por el contrario, resulta una frivolidad la idea, extendida estos días por algunos especialistas en vender consejos ruinosos a los sindicatos, de que es el Gobierno el que debe correr con todos los gastos, porque suya es "en última instancia" la responsabilidad del encarecimiento de la vivienda, los altos tipos de interés, la falta de suelo...