Pujol reclama todo el poder ejecutivo en Cataluña

El presidente de la Generalitat y de Convergencia Democrática (CDC), Jordi Pujol, pretende un modelo radical de Administración única trufado de simbología confederal a través de una relación directa con la Corona. En vísperas de su entrevista con el presidente del Gobierno, Felipe González, EL PAÍS ha conocido el contenido del primer documento elaborado por la Presidencia de la Generalitat para incrementar el techo autonómico de Cataluña, que ya está siendo objeto de aportaciones de los dos partidos de la coalición -Convergència Democrática y Unió Democrática- y será debatido en una reunión específica de su comité de enlace. Consejeros del Gobierno catalán como Macià Alavedra (Economía), Josep María Cullell (Política Territorial), Joan María Pujals (Enseñanza) e Ignasi Farreras (Trabajo) están al corriente del mismo. También el secretario general de la Presidencia, Joaquim Pujol.

El documento, remitido por Jordi Pujol a diversos colaboradores para que aporten sus sugerencias, parte de la base de que la Generalitat es la representación ordinaria del Estado en Cataluña, de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, aunque la legislación posterior ha ido diluyendo esta función hasta convertir el peso político de la autonomía en subsidiario. De hecho, el documento desarrolla parcialmente un breve apunte improvisado por Pujol en su última investidura, en abril de 1992, cuando puso como referente de la refundación del Estado español el modelo anterior a 1714, bajo el reinado de los Austrias. La Corona quedaría como lazo simbólico de unión -aunque no único- entre los, distintos pueblos de España.El documento parte de la premisa de no reformar la Constitución ni el Estatut, sino de hacer una relectura. Su esquema se basa en la prácticamente total asunción de las funciones que corresponden al poder ejecutivo del Estado por el Gobierno de la Generalitat, desarrollando así la idea de Administración única; el respeto del poder legislativo de las Cortes; el del poder judicial como poder independiente (aunque asumiendo el Gobierno autónomo buena parte de las competencias del Ejecutivo en sus relaciones con él) y el de la Corona en sus funciones simbólica y moderadora.

Las tesis políticas que se sustentan en el documento han de servir de punto de referencia cuando se produzca la esperada entrevista entre Felipe González y Jordi Pujol que debe sentar las bases del llamado giro autonómico que reclaman los nacionalistas catalanes para mantener su apoyo al Gobierno socialista.

Cuando casi se cumplen los 15 años de aprobación del Estatuto, el balance que el documento presenta es que, en muchos aspectos, el Gobierno hace un planteamiento restrictivo de la autonomía y un enfoque incorrecto desde el punto de vista jurídico. Para desarrollar el Estado de las Autonomías debe realizarse "un giro copernicano" en la estructuración del Estado.

El protocolo

Para recuperar lo que los nacionalistas entienden que fue la voluntad del legislador al otorgar al presidente de la Generalitat la más alta representación de la Generalitat y la ordinaria del Estado en Cataluña (capítulo II, artículo 36, punto 2 del Estatuto), el documento propone adecuar una serie de disposiciones legales que hacen referencia, por ejemplo, al papel del presidente del Gobierno y su ubicación en el protocolo cuando se encuentre en Cataluña. También a la necesidad de que todas las autoridades que actúen en el principado, sin distinción de la administración a la que estén adscritas, acepten su primacía y colaboren con la Generalitat.

Ramon Maria Llevadot, director del gabinete jurídico central de la Generalitat, ha coordinado técnicamente el documento confeccionado a partir de la: aportaciones de Jordi Pujol y, en menor medida, de otros miembros de su Gobierno. El texto sostiene que el decreto de protocolo vigente no se adecua a la Constitución y al Estatuto. La interpretación de la Generalitat es que detrás del Jefe del Estado el primer lugar en el protocolo de los actos que se celebren en Cataluña debe corresponder al presidente de la Generalitat, y no a del Gobierno español. Al ejercer Pujol la representación del Estado, razona el texto, su significación es superior a la de Felipe González ya que éste, en su condición de presidente del Gobierno, es tan sólo el representante de uno de los poderes del Estado, el ejecutivo, y ni siquiera de todo él, ya que quedan excluidas la administración autonómica y la municipal.

La Generalitat propone para reforzar el papel político del presidente catalán la relación directa y sin intermediarios con el Jefe del Estado. En este nuevo marco, Pujol sería el vehículo ordinario de comunicación de todas las instituciones públicas catalanas con el Rey. Una primera consecuencia sería la desaparición de la figura del ministro de jornada en las visitas de don Juan Carlos.

En esta misma línea figura la petición de que el nombramiento del presidente de la Generalitat tras su elección por el Parlamento catalán sea refrendado por el presidente de la Cámara y por el Rey, sin la firma del presidente del Gobierno, al que define como un elemento "extraño". Allá donde la Constitución y el Estatuto lo permitan, los nacionalistas proponen emplear de una manera lo más generalizada posible la cesión, mediante ley orgánica, de facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. El artículo 150.2 de la Constitución ya atiende a esa eventualidad y, como salvaguarda para el Estado, señala que "la ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros así como las formas de control que se reserve el Estado".

La Administración central debe acomodar la progresiva reducción de sus competencias con la disminución de sus efectivos. La Generalitat estima que en muchos casos desaparecerán, aunque sea parcialmente, contingentes de la Administración periférica del Estado. Mientras se proceda a la aprobación de las correspondientes leyes de delegación de competencias, propone utilizar la vía de convenios que permitan a la Generalitat ampliar ya sus competencias.

Entre las áreas concretas en las que la Generalitat quiere asumir más competencias y que pretende situar en primera línea de sus reivindicaciones políticas están las que afectan a política territorial, lengua, cultura -donde propone la incorporación de representantes de la Generalitat en los organismos internacionales que tengan atribuciones en cultura y lengua-, seguridad y orden público, justicia, medios de comunicación y enseñanza.