El Gobierno autónomo controlará por ley sus elevadas subvenciones

La Comunidad de Madrid gastará en 1994 un total de 81.424 millones de pesetas de su presupuesto en subvenciones; es decir, casi el 17% de sus fondos. Los responsables autonómicos consideran que es un porcentaje demasiado alto para no tenerlo perfectamente controlado por una ley aprobada en la Asamblea.

Hasta ahora facilitaba 97 tipos de ayudas: desde una beca de 37.000 pesetas hasta una aportación a Telemadrid de 7.000 millones. Esta dispersión en la concesión de subvenciones fa cilitaba la discreccionalidad y en alguna medida el oscurantismo. Por esta razón, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la primera ley que regula en España este tipo de ayuda s y que prevé, en caso de mal uso de las partidas, desde la devolución del dinero hasta la imposición de fuertes sanciones.La ley estipula, como primera novedad, una definición de lo que es una subvención, lo que ya se considera un gran paso. Se exigen tres requisitos: que la entrega de dinero se realice sin contraprestación directa, que esté afectada a un fin, propósito, actividad o proyecto específicos y que si se incumple esta exigencia se proceda al reintegro del dinero.

El consejero de Hacienda, Ramón Espinar, resaltó ayer la importancia de la ley al señalar que la Comunidad de Madrid gasta 17 de cada 100 pesetas en subvencionar empresas (Saecri) o familias (salario social). Además, también se hacen aportaciones importantes a empresas públicas como el Metro o Telemadrid.

Espinar subrayó cuatro aspectos de la ley: la transparencia que supone en la gestión de fondos públicos y el fomento de la concurrencia a estas ayudas (se darán a conocer en el Boletín Oficial de la Comunidad), el avance en la modernización de la Administración y el hecho de ser la primera administración pública en España que se plantea su regulación con la máxima capacidad legislativa.

La ley de subvenciones, que todavía tiene que ser ratificada por la Asamblea, ordena la reversión del dinero concedido -incluso mediante el embargo de bienes- y el castigo de las infracciones muy graves con una multa que irá del doble al triple de la cantidad, obtenida, y con la pérdida, durante un máximo de cinco años, de la posibilidad de pedir nuevas subvenciones. Asimismo, se les prohibirá celebrar contratos con la Comunidad de Madrid durante un plazo que oscila entre los tres y los cinco años.