Los argumentos de los agentes

Cuando los policías Jesús Martínez Torres y Ramón Lillo visitaron a los tres miembros de la Sección Primera de la Audiencia Nacional les ofrecieron toda una batería de argumentos para justificar la necesidad del viaje de Al Kassar al extranjero.Ambos agentes dijeron a los magistrados que se pretendía facilitar el proceso de paz entre árabes e israelíes y que la gran influencia de Al Kassar era imprescindible para convencer a grupos renuentes como Abu Abas, que se había comprometido a un primer acercamiento, y que como gesto de buena voluntad desvelarían su infraestructura en varios países europeos, incluida España. Además, apuntaron que los principales activistas de la OLP, ahora con la consideración de terroristas en muchos países, serán generales tras el proceso de paz y que Al Kassar, uno de sus principales proveedores de armas, facilitaría sus relaciones con ellos al servicio del Estado español. Según explicaron los funcionarios, España ya se benefició de la mediación de Al Kassar para la liberación en 1988 de tres franceses secuestrados en Líbano, gesto que mejoró la colaboración de Francia frente a ETA.

El Descanso

Al Kassar, según los agentes, pondría sus contactos al servicio de la justicia para esclarecer el atentado contra el restaurante El Descanso, ocurrido en Madrid el 12 de abril de 1985, que causó 18 muertos y 82 heridos. El provecho que Al Kassar pretendía sacar de su colaboración era un apoyo institucional para salir mejor librado en sus procesos judiciales. Se aseguró que Linares y Martínez Torres le acompañarían en todo momento, aunque no podrían ejercer como policías fuera del territorio español.

Los magistrados pidieron garantías escritas sobre la operación, pero los agentes señalaron que en estos asuntos nunca se daban. Martínez Torres admitió que la operación podía acabar en nada, pero Lillo defendió apasionadamente su necesidad. Paradójicamente, Martínez Torres dirigió a los agentes que detuvieron a Al Kassar en 1992, y Lillo arrestó al autor material del atentado contra Elías Awad, del que está acusado el traficante sirio.

Antes de que el tribunal se pronunciara, se filtró a los medios de comunicación que la Sala, presionada por Interior, iba a conceder el permiso, con el enfado de los magistrados, que no se habían sentido presionados aunque sí molestos por recibir informaciones extraprocesales.

El presidente de la Sala, Siro García, se puso en contacto con un alto cargo de Interior, quien, según fuentes judiciales, le explicó que Martínez Torres le había informado que, probablemente, toda la operación era un montaje.