La Moncloa autorizó el viaje de Al Kassar a Siria

La Moncloa, lo sabía. El Gobierno se ha desmarcado de la polémica operación que ha permitido salir al extranjero con autorización judicial al traficante de armas sirio Monzer al Kassar, procesado por presunta relación con actos terroristas. No sólo varios ministros, sino también Presidencia del Gobierno, conocieron su gestación, según con firman fuentes del Ejecutivo. Al Kassar tenía como misión aparente acelerar la paz en Oriente Próximo, pero el beneficio directo que España pretendía sacar era la localización de infraestructura terrorista islámica e, incluso aclarar el atentado de El Descanso

La operación fue vendida a las más altas instancias como un ambicioso proyecto qué aportaría un triunfo español en el proceso de paz entre árabes e israelíes, según fuentes jurídicas y de los servicios de información, pero se arruinó por una descoordinación en Interior, la tradicional desconfianza de la Audiencia Nacional hacia ese ministerio, un torrente de filtraciones a la prensa y las suspicacias del Cesid, que, temeroso de perder un plan originalmente propio, decidió desbancar a la policía.Al Kassar consiguió, por fin, volar a Damasco el pasado día 23, pero, según todos los indicios, se ha atenido al objetivo formal del viaje: visitar a su hermano Haitham, de 47 años, "gravemente enfermo del corazón" hace meses.

Éxito internacional

El Cesid intentaba desde hace tiempo apuntarse un éxito en el ámbito del terrorismo islámico, según fuentes del Ejecutivo y de los servicios de información. Las autoridades israelíes y los palestinos moderados ya habían creado unos canales para negociar. Pero este proceso dejaba fuera a los radicales islámicos. Los servicios de información militares estimaron preciso conformar una mesa paralela con los grupos violentos palestinos para aproximarlos a la negociación.

El Cesid recurrió así a un personaje con el que ha mantenido una fluida relación: Monzer al Kassar. No en vano, este traficante de armas sirio ha tenido estrecha conexión con grupos terroristas islámicos, como Abu Abas, a los que ha suministrado armas. Pero el sueño se hizo trizas. Al Kassar decidió cambiar de cliente, según los servicios de información. Rechazó colaborar y se ofreció para tal operación a la Policía. Al Kassar, presumiblemente, reprochaba al Cesid haberle dejado caer en manos del juez Baltasar Garzón, quien ordenó su detención en junio de 1992 y le procesó por tres delitos.

La Dirección de la Policía comunicó al entonces ministro de Interior José Luis Corcuera, tal oferta de Al Kassar. Corcuera, prudente, lo comunicó a Presidencia del Gobierno, donde se le sugirió que siguiese, pero que se coordinara con el Cesid. Fuentes de Moncloa han asegurado que el vicepresidente, Narcís Serra, nunca fue informado, aunque no descartan consultas a "otros niveles" de Moncloa, que no concretan. Diversas fuentes, algunas muy próximas a Corcuera, han asegurado que el presidente, Felipe González, conoció tal operativo, aunque un portavoz del palacio presidencial lo pone en duda.

Emilio Alonso Manglano, teniente general jefe del Cesid, dudó del éxito de la operación, pero indicó que se debían compartir los resultados por los servicios policiales y militares si cuajaba. La mediación ante la Audiencia Nacional para lograr el permiso judicial para la salida de España de Al Kassar la efectuaría la policía. Sólo un cabo quedó suelto: Rafael Vera, entonces secretario de Estado para la Seguridad, no había sido informado por descuido, según diversas fuentes. Este detalle tendría graves consecuencias.

El pasado 8 de noviembre, la Audiencia Nacional, reflejaba baja actividad. Ese día, por orden de Corcuera, Agustín Linares, subdirector operativo de la Policía, y Jesús Martínez Torres, comisario general de información, visitaban al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. Este juez investiga a Al Kassar por el secuestro del Achille Lauro. Los policías expusieron al magistrado que se trataba de una operación avalada por el Gobierno que proporcionaría importante información antiterrorista. El juez se mostró reticente, y les remitió al fiscal jefe, José Aranda, también esquivo. Ambos, finalmente, se negaron.

Aranda había telefoneado a Vera, quien dijo no tener noticia de tal operación. Fuentes del entorno de Vera aseguran que sólo pretendió no implicar al ministerio. El mensaje captado en la Audiencia fue que, según Interior, no había tal operación de Estado. EL PAÍS difundió las visitas y la polémica estalló.

Eduardo Fungairiño, teniente fiscal de la Audiencia Nacional, contrastó con la Dirección de la Policía que se trataba de una operación de Estado y no una invención de dos funcionarios, y no dudó en dar luz verde al permiso. El juez, sin embargo, reiteró su negativa. Aun sin dudar del trasfondo, el juez seguía considerando que una fuga del traficante en el extranjero con permiso judicial sería "un escándalo internacional".

Entretanto, la Sección Segunda de la Audiencia, competente en el caso de la extradición a Argentina del traficante, ya le había concedido permiso para viajar. Pero persistía la negativa del juez. Los abogados de Al Kassar decidieron recurrir ante la Sección Primera de la Audiencia. Días antes de que pronunciara su fallo, los policías Martínez Torres y Ramón Lillo -amigo de Al Kassar- visitaron a los tres miembros de la sección. Ambos agentes recalcaron la importancia del viaje para la estrategia antiterrorista española.

Cuando el tribunal estaba ya redactando la resolución, recibió una llamada de la Dirección de la Policía en la que se indicaba que Martínez Torres y Lillo querían ser recibidos. El presidente de la Sala, Siro García, respondió que con las deliberaciones en curso no podían recibir a nadie. Los magistrados José Antonio Marañón y Manuela Fernández Prado votaron a favor del permiso y el presidente, en contra. No hubo tensión entre ellos. El presidente asumió la postura mayoritaria.

Los magistrados señalaron que el fiscal, ínico acusador en el proceso, no se había opuesto al permiso. Además, entendieron que la anterior decisión del tribunal de conceder la libertad bajo fianza de Al Kassar es compatible con su salida al extranjero.

Fuentes policiales sospechan que ha sido el Cesid quien ha filtrado la información a la prensa para abortarlo todo. Estas fuentes señalan que en el Cesid quieren hacer la operación sólos con Al Kassar, sin la policía, y apuntarse el tanto. La policía, según las mismas fuentes, pretende que la operación se haga. "Si hay una tarta, podemos repartírnosla entre todos", afirmaron. "El Cesid sigue la política de tarta para nadie". Estas fuentes se sentían frustradas por los acontecimientos. "Es como si uno lleva seis meses construyendo un chalé y se lo tiran abajo en el último momento".

Al Kassar, que pretendía conducir a los grupos radicales a la mesa de la paz, sólo ha podido acercarse a la mesilla de un pariente. Ahora, todos aspiran a que vuelva y las aguas se remansen.