El fiscal del PER reduce las penas para el ex alcalde de Padul y 28 jornaleros

El fiscal redujo inesperadamente ayer la petición de pena contra el ex alcalde de Padul (Granada), Dlego García Villena, y contra los 28 jornaleros procesados en el supuesto fraude del PER. El fiscal pidió dos años y ocho me ses contra el ex alcalde y tres me ses para cada jornalero, frente a los 10 años y el año y cuatro meses, respectivamente, que solicitó en las conclusiones provisionales. Los antiguos responsables de Trabajo y del Inem prestaron de claración ayer como peritos.Pese a que ninguna de las declaraciones prestadas ante el tribunal por los acusados y los testigos ha modificado prácticamente en nada lo ya conocido -la firma indiscriminada de peonadas- el fiscal rebajó sorprendentemente las penas solicitadas al principio y que curiosamente coinciden con las que pesan sobre otros alcaldes y peones de la provincia procesados bajo la misma acusación.

García Villena mostró su satisfacción por el nuevo punto de vista del fiscal aunque reiteró que los jornaleros tienen que ser absueltos. El ex alcalde dijo que la presencia física de los acusados y las explicaciones que han ofrecido sobre sus circunstancias personales han sido claves para que el fiscal modificara a la baja la pena de cárcel.

Los jornaleros llegaron a la Audiencia de Granada a bordo de dos microbuses fletados por el Ayuntamiento de Padul por encargo del tribunal para que ninguno pudiera justificar su ausencia por impedimento de la huelga.

Los responsables del Ministerio de Trabajo, de los servicios de inspección y del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en Granada durante 1987 y 1988 justificaron ayer el retraso en la actuación contra los ayuntamientos desde que en 1984 se creó el Plan de Empleo Rural (PER) debido a la novedad que representaba el fraude. No obstante, el entonces director de Trabajo y Seguridad Social, Emilio Rodríguez Labella, reconoció que en 1986, estando destinado en Córdoba, pudo comprobar un caso de fraude en el Ayuntamiento de Fernán Núñez.

Justicación

Los representantes, de la Administración trataron de justificar por qué el plan para investigar a los ayuntamientos se puso en práctica en el otoño de 1987, y no antes. Todos ellos aseguraron que nunca recomendaron a los alcaldes que continuaran completando con firmas de favor las cartillas de los jornaleros. Miguel García Piqueras, inspector de Trabajo, declaró ayer que la investigación que se planteó sobre los ayuntamientos era "atípica y nueva", de ahí los tres años que transcurrieron desde que comenzaron tales prácticas y el levantamiento de las primeras actas de inspección. "Cuando se piensa en una infracción nosotros pensamos siempre en el caso de un empresario que no da de alta al trabajador y nunca en el de un empresario que dé de alta al que no trabaja", señaló en su descargo."El hecho ilícito se fue configurarido con el tiempo, sobre todo cuando comprobamos el crecimiento desmesurado de los censos agrarios", dijo el inspector. García Piqueras declaró que en una reunión mantenida en 1986 en Sevilla con responsables de Trabajo, uno de los asistentes, que eludió identificar, dijo que inspeccionar con más minuciosidad a los trabajadores agrícolas equivalía a "ponerles puertas al campo".