Las rentas de 415.000 viviendas en alquiler sufrirán sensibles aumentos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy el anteproyecto de ley de arrendamientos urbanos (LAU), que supone elevar sensiblemente las rentas de 415.000 viviendas en alquiler en 10 años. El texto incluye, además, la obligatoriedad de desembolsar en metálico la fianza de una mensualidad, retoque que elimina las reticencias presentadas por algunas comunidades autónomas al anteproyecto elaborado por los ministerios de Justicia y Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

El aspecto más relevante de este anhelado anteproyecto de ley es la revisión en un plazo de diez años de todos los alquileres sujetos a prórroga forzosa, el 90% del total del parque. De acuerdo con la última encuesta realizada por Obras Públicas -1990-, ese parque supera levemente los dos millones de viviendas, aunque el avance del Censo 1991 de Instituto Nacional de Estadística (INE) rebaja esa. cifra a 1,7 millones.La revisión -que se efectúa a través de una fórmula matemática con la que se pretende absorber la inflación que no han ido recogiendo las rentas- plantea dos excepciones o limitaciones. En primer lugar, no se podrá aplicar a todas aquellas familias cuyos ingresos familiares sobrepasen 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 2,8 millones de pesetas. En segundo, tampoco se aplicará a todas aquellas personas que no quieran, en cuyo caso su contrato de alquiler se extinguirá en un plazo de diez años.

Estas dos excepciones y el amplio abanico de casos que existen en el mercado, de alquiler español hacen que la incidencia de la actualización sea muy desigual. Los primeros cálculos de los ministerios que han elaborado el anteproyecto son los siguientes:

-415.000 contratos se verán afectados significativamente, puesto que son aquellos que tienen prórroga forzosa, sus inquillinos poseen unos ingresos superiores a los 2,8 millones de pesetas y las revisiones de sus rentas han sido mínimamente actualizadas.

-1,2 millones de viviendas son candidatas potenciales a que sus alquileres suban, aunque no excesivamente. El alcance de la subida, caso de producirse, depende de sus ingresos anuales y del grado de actualización de sus rentas.

-180.000 viviendas en alquiler no se verán afectadas por el proyecto, puesto que no están sometidos a prórroga forzosa. Estos alquileres se realizaron de acuerdo con el decreto Boyer (febrero de 1985), que deroga el anteproyecto que será aprobado hoy por el Gobierno.

Este texto recoge una novedad de última hora respecto a anteriores anteproyectos, la obligatoriedad de depósito oficial en metálico de una mensualidad como fianza, aunque contempla la excepción de un eventual acuerdo entre las partes. Esta incorporación permite salvar algunas reticencias expresadas tanto por varias comunidades autónomas como por Convergència i Unió.

Como principios generales, el anteproyecto fija la duración mínima de los nuevos alquileres en cuatro años, con actualizaciones según el IPC previsto, recorta las subrogaciones y diferencia entre pequeños y grandes comercios a la hora de actualizar sus alquileres.