Vivienda social para grupos no tan marginados y por sorteo

Las listas para solicitar una vivienda social del Gobierno regional han quedado convertidas en papel mojado. El nuevo decreto de adjudicación de pisos públicos, aprobado ayer, establece un nuevo sistema de acceso a estas casas.A los beneficiarios se les admitirán niveles de renta superiores a los aceptados hasta ahora, ponderando sus ingresos con la composición familiar, el área geográfica o el número de sueldos. Y el reparto de las viviendas se hará mediante un, sorteo entre quienes cumplan los requisitos exigidos.

"¿Qué va a pasar con todos los que se apuntaron esperanzados a las listas?", se pregunta María Roces, responsable de vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM). A su juicio, estos cambios eran necesarios. "Hasta ahora obtenía vivienda quien más puntos tenía: los más pícaroso la población muy marginada; cualquier obrero quedaba fuera", añade.

Con el procedimiento anterior, las solicitudes se puntuaban por los informes presentados a los asistentes sociales: tantos puntos por vivir en una casa en ruina, tantos por nivel de ingresos o por número de hijos. Las adjudicaciones seguían el baremo.

Listas cerradas

Con el nuevo decreto, los solicitantes no se apuntan a una lista general, sino a una promoción concreta de vivienda en un barrio o localidad. Se seleccionan todos aquellos que cumplen los requisitos exigidos: no superar en 2,5 veces el salario mínimo interprofesional ponderado; no tener un piso en propiedad; no haber sido antes beneficiario de vivienda pública. Los elegidos se distribuyen por cupos destinados a jóvenes o mayores de 65 años, entre otros. Y ya, en cada uno de estos grupos, se realiza un sorteo para decidir los agraciados. Los pisos adjudicados lo serán "preferentemente" en régimen de alquiler.

La directora general de la Vivienda de la Comunidad, Milagros Calle, cree que estos cambios "ampliarán el abanico de personas que accedan a viviendas sociales y harán más transparentes las adjudicaciones". "Para los casos de urgencia social destinaremos el 5% de la vivienda pública, al margen de los sorteos", concluye.