La Eurocámara debate un nuevo servicio civil europeo

Los derechos de los inmigrantes en Europa y la implantación de un servicio civil obligatorio para todos los jóvenes de los países pertenecientes a la Unión Europea son dos de las propuestas debatidas ayer por el Parlamento Europeo (PE) en el comienzo de su último período de sesiones, que terminará en mayo. Ambas propuestas se inspiran en las posibilidades abiertas por el Tratado de Maastricht. Las dos propuestas tienen escasas o nulas posibilidades de hallar eco en el Consejo de Ministros de la UE, una vez superada la votación parlamentaria.El eurodiputado socialista vasco, Juan María Bandrés, que S halla encuadrado todavía en el grupo de los Verdes, y la democristiana italiana Risaria Bindi son los autores del informe aprobado por la Comisión de Libertades Públicas (nueve votos a favor y cinco en contra) que propone la creación de un servicio civil europeo. La resolución constituye una durísima crítica a Grecia, país que precisamente preside el Consejo de Ministros (le la UE durante este semestre y único de los Doce que no reconoce la objeción de conciencia.

El servicio civil que proponen Bandrés y Bindi "está abierto a los objetores de conciencia como a los voluntarios", por lo que significa un servicio obligatorio para los hombres y voluntario para las mujeres en los países como España, donde hay un servicio militar obligatorio. Su prestación debería poder hacerse en cualquiera de los países miembros así como en el Tercer Mundo. El servicio civil tendría la misma duración e implicaría los mismos derechos sociales, profesionales y de retribución que el servicio militar.

Esta es la tercera vez, desde el año 1983, en que el PE discute una propuesta de regulación de la objeción de conciencia.

La misma Comisión de Libertades Públicas ha originado varias propuestas parlamentarias más, dos sobre la Carta Europea de la Inmigración, otra sobre los derechos de la ciudadanía europea y una última sobre una política europea sobre los refugiados.

La Carta de la Inmigración propone reconocer la libertad de circulación, el derecho al reagrupamiento familiar, los derechos a las prestaciones sociales, sanidad, vivienda, educación y enseñanza en la lengua de origen a los residentes de países terceros. Pide una protección específica contra la discriminación racial.