El Gobierno refuerza el poder sancionador del Poder Judicial sobre jueces y magistrados

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá mayor capacidad sancionadora sobre jueces y magistrados tras la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo proyecto fue aprobado ayer por el Consejo de Ministros. La primera fase del pacto de Estado por la justicia propuesto por el titular del departamento, Juan Alberto Belloch, ha contado con el apoyo de Izquierda Unida, CiU, PNV y Coalición Canaria para ampliar las competencias del CGPJ. El Partido Popular no ha participado en las numerosas reuniones celebradas entre el Gobierno y los partidos parlamentarios, convocadas tanto por Juan Alberto Belloch como por el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una vez aprobada esta ley, el CGPJ amplía sus competencias sensiblemente. Lo más novedoso consiste en la ampliación de la lista de faltas muy graves en las que pueden incurrir los jueces. Estas infracciones pasan de 5 a 13 con la nueva normativa.Este capítulo disciplinario es relevante, puesto que se incluyen situaciones hasta ahora inéditas. Por ejemplo, será motivo de sanción grave el incumplimiento del deber de fidelidad constitucional, así como "la provocación de enfrentamientos con otras autoridades o el abuso de la condición de juez para lograr el trato favorable de terceros".

Se considera igualmente sancionable la conducta que lleve a 11 retrasos negligentes en la tramitación y resolución de los asuntos, y la ausencia por más de siete días naturales del órgano judicial".

En este apartado de faltas graves entra ahora "el exceso o abuso de autoridad frente a particulares, iguales e inferiores en la actividad judiciaV., así como "el incumplimiento del horario y la inasistencia a juicios y vistas

Las sanciones se elevan apreciablemente eliminando el castigo de "reprensión", que se considera en la práctica de imposible cumplimiento. Sin embargo, se endurece la multa de 50.000 a 500.000 pesetas y la regulación del traslado forzoso a más de 100 kilómetros del lugar en el que se prestaban servicios. La prescripción de las penas aumenta sensiblemente "para no hacer inoperante el sistema, como ocurría en la práctica", según informan fuentes del Gobierno.

El ministro de Justicia destacó ayer que, "para sorpresa del Gobierno", este proyecto de ampliación de competencias del CGPJ ha contado con el acuerdo básico de las tres asociaciones de la magistratura y del Consejo Fiscal, además del acuerdo "en líneas generales" de Izquierda Unida y los nacionalistas.

Además del importante capítulo de reformas en el régimen disciplinario, a partir de ahora este órgano rector del Poder Judicial asume la capacidad de selección de jueces y magistrados, así como la provisión de plazas para asegurar unos periodos mínimos y estables de permanencia en destino a los jueces, con lo que se pretende evitar la distorsión que producen los concursos y las vacantes sin cobertura.

El CGPJ pasa a tener también autonomía financiera y presupuesto propio a la manera de las Cortes Generales o del Tribunal Constitucional.

Apoyo judicial

El ministro de Justicia estaba ayer visiblemente satisfecho por lo que considera que es su primer éxito, al llevar adelante esta reforma con un considerable apoyo, tanto del poder político como de todo el ámbito judicial. Sólo se empañó un tanto su explicación cuando tuvo que dar cuenta de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gorostiza.El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo una petición de "flexibilidad" a los partidos de oposición para las negociaciones parlamentarias. El ministro aseguró que el Ejecutivo mantendrá esa actitud flexible, de forma que cualquier reforma se pueda adoptar con el mayor consenso posible, y puso como ejemplo la modificación del Reglamento del Senado.

Sin embargo, Pérez Rubalcaba criticó al PP por las propuestas económicas que este presentó el lunes y que el ministro calificó de "contradictorias", además de acusar a este partido hablar de estos asuntos sin que nunca le cuadren los números.