Producid, producid, malditos

En Hollywood, las grandes películas vienen precedidas por el nombre del productor. Es la tradición de una industria que ha dado mitos como Darryl F. Zanuck, David O. SeIznick e, incluso, Steven Spielberg, el fenómeno más reciente y más evidente de una tendencia a creer en el talento de una figura que reúne en torno a su película un crisol de profesionales para la dirección, el guión, el montaje, la interpretación, la fotografía... Cada proyecto es una arriesgada inversión en la que el productor o el estudio se juegan su fortuna y su prestigio.En nuestra raquítica industria, el productoir se dedica a la intensa -y a menudo fructífera- caza y captura de ayudas a la creación: la mayoría de las películas españolas siempre reciben una subvención del Ministerio de Cultura, otra de la Generalitat de Cataluña o cualquier otro organismo autonómico, su correspondiente adelanto de taquilla por parte de la distribuidora, un pellizco por el vídeo, los derechos de antena por su estreno en Canal + y la posterior venta de esos derechos a una cadena generalista, ya sea TVE, Antena 3, Tele 5 o la FORTA. El riesgo del productor es mínino, incluso logra beneficios antes de rodar. La película es lo de menos, el negocio es producirla.

Gracias a este sistema, las carteleras ven cómo se estrenan películas españolas que carecen del mínimo atractivo comercial: sin guiones ni argumentos elaborados, sin repartos nuevos, sin pizca de riesgo, sin imaginación ni talento... Pero si es español, tiene que estrenarse.

No todo el cine español fracasa en taquilla. Ahí están ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, Belle époque y Kika para confirmarlo, pero ese éxito lo decide el espectador al acudir al cine, no se hace a golpe de decreto. En ningún artículo de dicho decreto-ley se señala o ampara la calidad del producto cinematográfico comunitario. La obsesión del Ejecutivo es acotar el terreno ganado (o perdido, habría que puntualizar) por el cine español en absurdas operaciones que asemejan las rebajas de los grandes almacenes: dos licencias de doblaje por cada película comunitaria estrenada (por cierto, no se obliga al estreno en versión original subtitulada de las películas europeas no españolas), un día de cine comunitario por cada dos de cine de terceros países (doblado)...

Lo grave de este proteccionismo obstruccionista es que condena a terceros, en este caso a las televisiones públicas y privadas, a coproducir en un porcentaje que se sitúa en el 5% de la programación cinematográfica. Una cosa es defenderse de la invasión del cine americano y otra, muy distinta, obligar a otros a producir, programar y ver todo el cine español. La ayuda a nuestra industria no puede venir de fuera, debe proceder de su propia calidad. Como en cualquier otro negocio, el propio mercado determina lo que quiere consumir. Queremos ser libres para elegir nuestro cine.