Suprimidos todos los contratos blindados, de los altos cargos de la Administración

El Gobierno acordó ayer suprimir los contratos blindados en el sector público estatal y congelar, por segundo año consecutivo, el sueldo de los altos cargos. La presión de la opinión pública y el propio escándalo que produjo en las filas socialistas el conocimiento de la existencia en la Administración de contratos con cláusulas indemnizatorias millonarias ha llevado al Ejecutivo a acabar con ellos después de meditar sus consecuencias durante varias semanas.

La oposición había pedido reiteradamente que el Ejecutivo facilitase al Parlamento la identidad de quienes gozan de este tipo de contratos y sus cuantías. La misma curiosidad la expresó el sábado el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, quien se preguntó alarmado cuáles serían las indemnizaciones de los presidentes de Tabacalera e Iberia cuando cesen.La decisión que tomó ayer el Consejo de Ministros hace referencia a dos tipos de situaciones. Una -la que corresponde estrictamente al sector público estatal- se refiere a la prohibición de cualquier tipo de indemnización a los presidentes, vicepresidentes y directores generales de entes y entidades de derecho público. En segundo término figuran los contratos blindados de alta dirección para entes y entidades de derecho público y los contratos de altos cargos de las sociedades estatales. Estos últimos se rigen por el derecho laboral privado, de forma que legalmente les corresponde una indemnización si sus contratos son rescindidos. La decisión del Gobierno es la de que recibirán el mínimo legal para el sector privado. Para unos y otros la medida entrará en vigor el 1 de enero, y no con carácter retroactivo, por lo que la nueva normativa se aplicará a los que se revisen o modifiquen.

El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que el blindaje en el sector público es una "práctica residual y minoritaria", aunque, añadió, "el Gobierno ha querido ser drástico por razones de austeridad". El ministro aseguró que no recordaba el número de contratos blindados que existen actualmente, aunque fuentes de la Administración aseguran que son alrededor de los 180, que continuarán vigentes toda vez que la norma entra en vigor para los futuros.

La polémica sobre los contratos blindados en la Administración se desató hace un par de meses al conocerse la existencia de indemnizaciones millonarias. Se han denunciado casos en los que un alto cargo fue indemnizado cuando se le rescindió el contrato pese a que al día siguiente pasaba a dirigir otra entidad pública. Éstas y otras irregularidades fueron puestas de manifiesto hace unas semanas por numerosos diputados del Grupo Socialista en una reunión interna con el ministro de Economía, Pedro Solbes, y el presidente del grupo, Carlos Solchaga.

Asistentes a este encuentro aseguran que Solbes y Solchaga se mostraron receptivos a las críticas. También el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, sacó a colación este asunto el sábado en Toledo al plantear con claridad que el partido socialista no podía pedir austeridad cuando estaba amparando contratos millonarios y ofreciendo indemnizaciones para determinados puestos.

El Consejo de Ministros también acordó nombrar a Javier de Paz Mancho como director general de Comercio Interior del Ministerio de Comercio y Turismo. De Paz ha sido secretario general de las Juventudes Socialistas, miembro de UGT y actualmente ocupaba el cargo de secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE).

Otros nombramientos:

-Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, María Paz Fernández Felgueroso.

-Embajador en Ecuador, Julio Albi de la Cuesta.

-Secretario de Estado de Política Territorial y Obras Públicas, José Alberto Zaragoza Rameau.

- Secretario de Estado de Comercio Exterior, Apolonio Ruiz Ligero.

- Subsecretario del Ministerio de Comercio y Turismo, Ángel Serrano Martínez-Estellez.

- Secretario general técnico del Ministerio de Comercio y Turismo, José Antonio Zamora Rodríguez.

Otros acuerdos:

- Inversiones extranjeras. Autorización para que la sociedad Investment Authority (Adia), de Abu Dhabi, invierta en negocios inmobiliarios en España hasta 20.000 millones en dos años.

- Funcionarios docentes. Se remite a las Cortes un proyecto de ley que fija normas sobre concurso de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes.

- Eliminación de animales muertos. Real decreto sobre normas de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal y de protección frente a agentes patógenos de piensos de origen animal.

- Cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Contrato, por el sistema de concurso, para las obras de construcción de la red automática de información hidrológica de la cuenca del Guadalquivir, por importe de 4.932 millones.

- Traspasos de servicios. Traspasos de funciones y servicios del Estado a las comunidades de Aragón, Baleares, Castilla y León y Madrid.

- Titulaciones académicas. 14 reales decretos correspondientes a otras tantas titulaciones de formación profesional de grado superior y grado medio en Hostelería y Turismo y Edificación y Obra Civil.

- Delegaciones de Defensa. Se crean delegaciones de Defensa, con el objetivo de separar la parte administrativa de la operativa-militar.