Defensa cierra los gobiernos militares, pero mantiene a los generales como delegados

El Consejo de Ministros estudiará hoy, y muy probablemente aprobará, la supresión de los gobiernos militares, símbolo de la estructura tradicional del Ejército español, basada en la ocupación del propio territorio. Ésta es la principal consecuencia del decreto sobre organización periférica del Ministerio de Defensa, que sustituye los gobiernos militares por delegaciones provinciales del departamento. Como Defensa no da dos pasos adelante sin uno atrás, el decreto prevé que los delegados provinciales sean militares en activo y nunca civiles.

Las nuevas delegaciones provinciales del Ministerio de Defensa serán de dos tipos: especiales y ordinarias. Las de categoría especial (Barcelona, Burgos, Cádiz, La Coruña, Madrid, Murcia, Las Palmas, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza) serán dirigidas por un general de división o de brigada, o por un vicealmirante o contralmirante en aquéllas con fuerte presencia de la Marina. Las demás serán dirigidas por un coronel en la mayoría de casos.La decisión de excluir a los civiles como delegados provinciales es una concesión a los ejércitos. También es una forma de garantizar que las Fuerzas Armadas cuenten con un representante institucional en provincias de gran importancia demográfica, como Barcelona, donde no quedará ninguna unidad de importancia tras el redespliegue.

La supresión de los gobiernos militares y de las capitanías generales, previstas en el Plan Norte del Ejército de Tierra, acababa en la práctica con la "autoridad militar territorial", a la que las leyes de excepción atribuyen competencias que corresponden en circunstancias normales a las autoridades civiles. Por último, la reserva a los militares del puesto de delegado provincial es una consecuencia lógica de la decisión del Gobierno de reducir sólo en un 3% el número de generales en la ley de Plantillas.

Los delegados provinciales se encargarán, en su ámbito de competencia, de gestionar las tareas relacionadas con el reclutamiento para la mili y la asistencia al personal en la reserva, incluido el pago de pensiones. Los delegados serán nombrados por el ministro de Defensa y dependerán del secretario de Estado para la Administración Militar.

Los delegados dirigirán o coordinarán a nivel provincial los centros de reclutamiento, las prisiones militares, las prestaciones del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, las viviendas militares, la intervención delegada de Defensa y las oficinas de Cría Caballar. Por el momento, carecerán de competencia sobre los hospitales militares o los centros de enseñanza, cuya dirección corresponde a los ejércitos.

Las delegaciones provinciales se instalarán en la mayoría de los casos en los edificios de los gobiernos militares y utilizarán también su actual personal.

Con el decreto de organización periférica se pone fin a una situación anómala: que siendo Defensa el único ministerio cuyas competencias corresponden en exclusiva al Estado, sin que las comunidades autónomas las reclamen, era también uno de los pocos que carecía de delegaciones territoriales.