La justicia italiana sospecha que Ferruzzi pagó comisiones ilegales por la compra de Elosúa

La justicia italiana cree tener pruebas de que el grupo Ferruzzi pagó comisiones ilegales en España por la compra de la empresa aceitera Elosúa, según fuentes de la investigación en Italia de la Operación Manos Limpias. El juez Antonio di Pietro ha descubierto, durante los interrogatorios a altos cargos de Ferruzzi detenidos, que este grupo pagó comisiones y cometió diferentes irregularidades en 27 países de todo el mundo. Di Pietro y sus colegas en la investigación consideran inaceptable que sólo tres de estos países -Grecia, Noruega y las Antillas holandesas- hayan enviado hasta ahora a Italia comisiones judiciales para conocer los datos que van surgiendo sobre los presuntos pagos irregulares.

Siempre según estas fuentes, a la justicia italiana no le consta ninguna actuación emprendida por las autoridades judiciales españolas o la Fiscalía del Estado por el supuesto pago de comisiones por Ferruzzi en nuestro país.Los jueces italianos están analizando la posibilidad de remitir información más detallada a los gobiernos de todas estas naciones a partir de enero para, de esta manera, intentar activar su interés en las causas que les afectan.

Los jueces de la operación Manos Limpias consideran que tienen pruebas documentales y de otro tipo de que Ferruzzi distribuyó comisiones en España para asegurarse el control de la aceitera Elosúa, empresa que estaba participada por el Estado español, y de que el mismo grupo italiano pueda estar implicado en otras operaciones irregulares en España. Además de las pruebas, esta relación ha sido citada también en los interrogatorios realizados por el juez Di Pietro a altos cargos de Ferruzzi arrestados en Italia. En las próximas semanas pueden surgir nuevos datos a medida que avanza la investigación y se levante el secreto que pesa sobre algunos sumarios.

Mientras, el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, declaró ayer que inició diligencias a raíz de la solicitud hecha por Izquierda Unida hace cinco meses cuando la prensa italiana reveló unas manifestaciones de Giuseppe Berlini, consejero de Ferruzzi, quien en su declaración judicial relacionó a este grupo con el pago de comisiones por la venta de Elosúa. A partir de ahí, según el fiscal general, se pusieron en marcha otros servicios e indagaciones, de las cuales hasta el momento no se han podido recabar datos suficientes que lleven a la conclusión de que se ha cometido un delito en España. "No tengo indicios, como Antonio Romero dice tener ahora, pero mañana [hoy para el lector] le llamaré para que me informe y enviaré todas las actuaciones a la Fiscalía de Madrid para que obre en consecuencia si encuentra pruebas de delito".

El fiscal general añadió que si cualquier juez tiene indicios de que se ha cometido un delito en un país, lo lógico es que ponga en marcha las actuaciones correspondientes ante las autoridades de ese país para averiguar lo más posible. En este sentido, Eligio Hernández recalcó que la fiscalía que él encabeza "no ha recibido nada de Italia. Estamos huérfanos de datos" para actuar en consecuencia. Eligio Hernández agregó que su departamento no ha archivado nunca la investigación iniciada por este caso.

Fuentes del Ministerio de la Presidencia también aseguraron que, en lo que conocían, los jueces de la operación Manos Limpías no han comunicado a las autoridades españolas ningún dato de sus investigaciones. Ya sean declaraciones obtenidas durante los interrogatorios o pruebas documentales recabadas, informa . Estos medios añadieron su opinión, en coincidencia con la del fiscal general, de que han de ser los jueces italianos los que comuniquen a España sus investigaciones primero y no realizar actuaciones en un país extranjero tomando como base lo que por ahora, de forma oficial, no ha pasado de las declaraciones en prensa.

Romero no habla

Portavoces del Ministerio de Justicia señalaron, a su vez, que las actuaciones en este caso por parte española las está llevando la Fiscalía General del Estado y que no es competencia del ministerio -realizar por su parte ninguna tramitación paralela. El diputado de Izquierda Unida Antonio Romero, quien el pasado sábado habló varias horas en Italia con el juez Di Pietro, se negó ayer a hacer comentarios de ningún tipo sobre lo tratado en la conversación ni a revelar si el juez le facilitó documentación sobre el caso.El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Carlos Solchaga, quien era ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la venta de Elosúa, declaró ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados que tiene el "convencimiento personal" de que ningún político español cobró comisiones por la venta de la aceitera a Ferruzzi.