Certezas y sospechas

HABLAR DE sospechas a propósito de los servicios secretos es casi una redundancia. Las películas del género nos han acostumbrado a que, en materia de espionaje y contraespionaje, nada sea lo que parece. Sabemos además, y ya no sólo por las películas, que una de las precauciones de los jefes de los servicios secretos suele ser la de vigilar a los políticos que les nombran, a fin de disponer de un arma disuasoria contra eventuales intentos de despedirlos. Y sabemos, finalmente, que está en la lógica de las cosas que agentes y ex agentes de los servicios secretos se intercambien favores, consistentes casi siempre en información. Frente a la densa atmósfera de sospecha que de lo anterior se deduce, el ministro García Vargas hizo lo que pudo en su comparecencia parlamentaria del jueves. No fue mucho. No consiguió desvanecer la niebla que el escándalo de las escuchas ilegales y la trama de extorsión recientemente descubierta en Barcelona ha extendido sobre el Centro Superior de Investigación de la Defensa (Cesid), acrónimo del servicio secreto español que de él depende.El ministro sostuvo que no hay ningún agente implicado en ese escándalo y que el Cesid no recibía información procedente de la red ilegal de escuchas. Es posible, pero, en caso contrario, es improbable que el ministro tuviera información al respecto, por lo que sus afirmaciones no disipan las sospechas. Además, admitió todo esto: que fue el propio Cesid el que puso en contacto al principal implicado en el asunto con el conde de Godó, editor de La Vanguardia, en torno al cual operaba la red; que durante algún tiempo ese implicado, a la sazón coronel del Ejército, simultaneó su pertenencia al servicio secreto con su participación en la trama ilegal; que en poder de los detenidos se hallaron copias de documentos internos del Cesid; que tanto Miguel Legarza, El Lobo -uno de los detenidos-, como otros ex agentes han utilizado el nombre del Cesid en actuaciones privadas de las empresas para las que trabajaban.

De todo ello se deducen algunas responsabilidades obvias y unas cuantas incógnitas. García Vargas se comprometió a investigar y castigar duramente las irregularidades que se sustancien. Pero el carácter secreto por definición de las actividades de los agentes hace seguramente dificil determinar dónde empiezan (!) y dónde terminan esas responsabilidades, y si afectan también a las autoridades políticas de las que depende el Cesid. La doble responsabilidad in eligendo e in vigilando que un día invocó el PP contra Alfonso Guerra en relación a su hermano, y a la que apelaron los socialistas contra Aznar a raíz del caso Naseiro, podría tener aquí aplicación. El propio ministro reconoció que no podía descartarse una relación de los ex agentes con otros que siguen en activo.

La principal incógnita, derivada sobre todo del hecho de que fuera el propio Cesid el que puso en contacto al ex coronel detenido con el conde de Godó, es si el Gobierno, del que depende dicho organismo, estaba informado de los resultados de las escuchas ilegales en relación a los movimientos empresariales producidos en los medios de comunicación que fueron objeto preferente de la red. La segunda es si los documentos sacados de la sede del Cesid son anteriores o posteriores al abandono del servicio por parte de los ex agentes detenidos. Y la tercera, la naturaleza de los contactos mantenidos con El Lobo, el famoso infiltrado en ETA que provocó numerosas detenciones a mediados de los años setenta, y de quien se afirma que abandonó el servicio secreto en 1985 y que ya en 1987 fue detenido bajo la acusación de extorsionar a un dentista haciéndose pasar por miembro de ETA.