La contención del gasto sanitario

Ante la crisis económica que padecemos, el sistema sanitario público aparece cada vez más como presa a incluir dentro de ese ajuste duro que permita aliviar nuestra maltrecha economía. Si el progresivo incremento de los costes sanitarios ya era uno de los males a combatir, por su destacado papel en el déficit público, con la situación actual es de esperar que siga el goteo de medidas para contener el gasto sanitario en tanto que las demandas que lo provocan crezcan por encima de los recursos asignados. Lo malo es que estas medidas, tomadas precipitadamente, sólo sirvan para deteriorar más nuestro sistema nacional de salud, uno de los pilares del Estado de bienestar, sin conseguir los objetivos de ahorro. Somos muchos los profesionales escépticos con los proyectos sanitarios trazados por las distintas administraciones al margen de los médicos, que, al fin y al cabo, son los responsables directos de la práctica médica.Se viene insistiendo, no sin razón, que los costes sanitarios progresan cada año. Esto no es un problema específico de países con sistemas de salud eminentemente públicos, como el nuestro; al contrario, la mayoría de las naciones comunitarias, con un fuerte sector público, consiguieron a partir de los años ochenta una importante contención de los costes sanitarios, tras los elevados incrementos producidos en la década anterior, lo que no ha ocurrido en Estados Unidos de América, con una sanidad privada por excelencia.

Entre las causas de una sanidad cada vez más cara, destaca la rápida absorción por el mundo sanitario de las numerosas innovaciones científico-tecnológicas, junto al incremento de las expectativas y niveles de vida de la población. Como dichas causas son difícilmente modificables, políticos y economistas ven la luz de la necesaria racionalización por la que alumbra en la limitación de las prestaciones o en la aportación del asegurado. Sin embargo, se valora poco la existencia de un hiperconsumo sanitario superfluo como uno de los factores que grava más el sistema, tanto desde el punto de vista económico como organizativo. Su eliminación o drástica reducción sería una vía eficaz para contener el incremento de los gastos sanitarios sin recurrir a recortar prestaciones, que pueden poner en peligro el derecho de cualquier ciudadano a la protección de su salud.

Mantenemos un innecesario consumo sanitario, provocado en gran medida por un voraz mercado que, revestido con un manto de progreso científico, expande sus productos siguiendo el más puro dictado de las reglas mercantiles. Por poco reflexivo que uno sea, no le pasa desapercibido la proliferación de acciones médicas innecesarias: farmacoterapia, pruebas diagnósticas, hospitalizaciones, incluso cirugía de dudosa eficacia, abundan en el ejercicio médico. Las causas de este ineficaz consumo sanitario son variadas y complejas, pero es evidente, como antes dijimos, que los intereses mercantiles de la poderosa industria técnico-sanitaria y farmacéutica juegan un papel primordial. La profesión médica, con una misión cada vez más funcionarial, está dividida en numerosas especialidades y subespecialidades, lo que propende a la fragmentación de la relación médico-enfermo y, por ende, a la multiplicación de los procesos diagnósticos y terapéuticos. Muchos médicos buscan la seguridad, que no les proporciona la Administración, al abrigo de las modernas técnicas, ante una sociedad consumista y cada vez más legalista desde el punto de vista sanitario. Por otro lado, se investiga y trata más cualquier tipo de patología, aunque esté por demostrar si de ello se derivan ventajas para el enfermo, y a todo esto se une la utilización injustificada por parte de muchos ciudadanos de los servicios sanitarios.

La corrección de este inútil hiperconsumo debe hacerse fundamentalmente a través de los médicos, que son los que tienen la responsabilidad de prescripción y la mayor capacidad educativa sanitaria sobre la población, pero desafortunadamente la fluida relación que debiera existir entre médicos y responsables sanitarios para su desarrollo se ve acompañada por el clima de desconfianza generado entre ambos. Si las distintas administraciones saben implicar al médico en la gestión sanitaria, le dan seguridad y priman su competencia profesional, en vez de aplicar trasnochados e improductivos complementos, como el de exclusividad, se estarán dando pasos para el entendimiento y la racionalidad. Con ello se abriría también el camino para que el médico modele su comportamiento hacia una prescripción diagnóstica y terapéutica que, además de eficaz, tenga en cuenta los principios de eficiencia necesarios en una sociedad de recursos limitados. Esto no debe mermar la investigación clínica de calidad; al contrario, puede ser potenciada con los recursos que Administración e industria farmacéutica destinan a proyectos y publicaciones sin ningún tipo de impacto.

Propiciar una clase médica prestigiada, de una sólida preparación científica y humana, concienciadacon las limitaciones económicas de la sociedad pero con un fuerte apoyo de ésta, es sentar unas bases seguras para acometer cualquier proceso de racionalización en el sistema sanitario, incluyendo la contención de los costes sin recurrir a dolorosas limitaciones de prestaciones necesarias.

José Antonio Sobrino Daza es médico cardiólogo.