Cuando el medio es el mensaje

QUE HERRI Batasuna y ETA son dos cuerpos con una misma cabeza no es una sospecha, sino algo tan evidente, al menos, como que el diario Egin es el órgano de expresión de tales cuerpos y su correspondiente alma. Que, en función de ello, haya quien considere conveniente o incluso moralmente justificado que dicho periódico deje de publicarse no convierte en lícita cualquier medida administrativa tendente a cerrarlo. Pero la invocación a la libertad de expresión tampoco basta para convertir en lícita cualquier actividad de ese o cualquier otro periódico. Entre el arbitrismo del poder y la desnuda impunidad cabe una tercera posibilidad, la única que conviene con el Estado de derecho: la investigación judicial de hechos concretos de los que se deduzcan indicios de actuaciones delictivas. Es decir, la aplicación de la ley.Es lo que ha hecho el juez Bueren ante la documentación que remitieron las autoridades francesas y que fue encontrada en poder de Carlos Almorza, supuesto responsable de la red de extorsión de ETA, detenido en dicho país hace unos meses. Esa documentación revela que informes sobre empresas y personas que habían sido encargados por Egin a una compañía privada se encontraban en poder de los terroristas.

Dada la larga dedicación de ETA a la tarea de extorsionar a empresarios, no resultaba descabellado suponer que alguien de Egin hubiera pasado esos informes a los terroristas con el fin de facilitarles la obtención de fondos por ese procedimiento. En todo caso, era algo que merecía ser investigado. La entrada de la Ertzaintza, por orden del juez, en las redacciones de Egin en Bilbao y Hernani en busca de eventuales pruebas que puedan confirmar tales indicios estaba, por tanto, justificada.

Por lo que reveló ayer el consejero vasco de Interior, Juan María Atutxa, respecto al material incautado en tales redacciones, se sabe ya que entre los empresarios sobre los que Egin recabó información figuran, además de algunos de la comarca del Gohierri que fueron objeto de extorsión, otros relacionados con las obras de la autovía de Leizarán que fueron en su momento víctimas de atentados de ETA. Ello amplía el campo de la investigación: debe averiguarse si la información utilizada por los terroristas para seleccionar a sus víctimas y preparar esos atentados tuvo su origen en el citado periódico. La investigación debería dilucidar en ese caso quién o quiénes transmitieron tales informes a los terroristas. Se trataría, en todo caso, de responsabilidades de personas concretas.

Relacionar esa investigación con "campañas de acoso", como ha hecho el director de Egin, resulta, por tanto, fuera de lugar. A diferencia del mundo etarra, en el que manda el fusil y en el que los terroristas se atribuyen el poder legislativo; judicial y ejecutivo -en el doble sentido de la palabra-, en la sociedad democrática los jueces son independientes de los otros poderes y aplican normas preexistentes y procedimientos reglados. Los indicios obligaban a intervenir al juez.

El Código Penal no contempla la posibilidad de cierre de un periódico, aunque sí la incautación de la imprenta con que se imprime, en determinados casos relacionados con delitos de terrorismo. En el caso analizado, tal posibilidad parece fuera de la realidad, puesto que los delitos investigados habrían sido cometidos, en su caso, por personas individuales y no por el diario en cuanto tal.

Pero al margen de este caso concreto, y puesto que el tema ha sido suscitado, cabe preguntarse si el derecho a la libertad de expresión protegido por la Constitución y ahora invocado por Egin ampara cualquier cosa que aparezca en sus páginas. La respuesta es no. De entrada, no es lo mismo la libertad de expresión para criticar que para incitar al asesinato. Una cosa es expresar ideas, por aberrantes que puedan resultar para la mayoría de la población, y otra proferir amenazas verosímiles.

Cuando, tras la detención de la red de extorsionistas de ETA desmantelada por la Ertzaintza a comienzos de 1992, un portavoz de Herri Batasuna acusaba al juez que intervino en el caso de "actuar como un superpolicía", le advertía que HB "tomaba buena nota de su actuación" y le amenazaba con "actuar en consecuencia", estaba haciendo algo que en absoluto podría considerarse protegido por la Constitución. Si la transmisión de tales amenazas por el diario Egin constituye o no un delito es algo que habrán de determinar los jueces.