Asilo y negociación

SI UN país miembro de la Unión Europea (UE) produce exiliados políticos deberá ser expulsado de esa comunidad de Estados. Exiliados: ciudadanos que han tenido que huir al extranjero por sufrir persecución policial por sus ideas o actividades políticas. No tiene sentido reconocer que todos y cada uno de los países socios de la UE garantizan el pleno ejercicio de los derechos de actuación política pacífica y admitir a la vez la posibilidad de conceder asilo político a ciudadanos procedentes de alguno de ellos. Como ése sigue siendo el caso en algunos Estados de la Unión respecto a los activistas de ETA, el Gobierno español ha hecho el gesto político de vetar el acuerdo comunitario sobre asilo político, actualmente en discusión, en protesta por la admisión por parte de Bélgica de la solicitud de asilo presentada por dos etarras detenidos por la policía de dicho país.Gesto político, y no jurídico, por lo que resulta fuera de lugar la discusión sobre si la admisión a trámite de la solicitud venía o no obligada por la ley de ese país. Aunque así fuera, el gesto aspira precisamente a llamar la atención sobre la incongruencia de que tal cosa ocurra, y más cuando se está a punto de aprobar un marco legal común para el asilo político. Gesto político también porque se dirige a la opinión pública, y no sólo a los gobernantes: la existencia de conflictos entre minorías nacionales que ha marcado su historia convirtió a Bélgica en un país particularmente receptivo a las reivindicaciones de los nacionalistas catalanes y vascos durante la dictadura. El radicalismo violento de ETA aspira a prolongar y capitalizar en beneficio propio esa sensibilidad y simpatía. El Gobierno español está interesado en hacer ver a los ciudadanos belgas que su eventual apoyo a los radicales vascos no beneficiaría ya a las víctimas de un régimen dictatorial, sino precisamente a quienes pugnan por acabar con el sistema democrático.

La historia de ETA desde la instauración de la democracia es la de una permanente provocación. En una primera fase, contra las fuerzas de seguridad y el Ejército, en la esperanza de provocar un golpe de Estado que justificase retrospectivamente su recurso a la violencia terrorista. Más tarde, a medida que las instituciones democráticas iban afianzándose, contra la población en general, de manera cada vez más indiscriminada, como forma de presión en favor de una negociación política con el Estado. Y tal vez ahora contra las instituciones vascas de autogobierno, simbolizadas por la policía autonómica. Pero en todos los casos, buscando una respuesta desmedida, no democrática, violenta por parte de las instituciones. El objetivo es que el Estado y los terroristas se igualen en falta de legitimidad, de manera que la negociación aparezca como la única manera de reconstruir un poder legítimo.

Pero la negociación política que plantean los terroristas consiste básicamente en que la mayoría acepte los planteamientos de la minoría a cambio de que ETA deje de matar durante algún tiempo. Los españoles tendrían que aceptar una reforma de la Constitución en el sentido deseado por los terroristas; los navarros, la integración de su territorio en la comunidad vasca; los habitantes de Euskadi, el modelo de país propugnado por los secuestradores y pistoleros. Y, finalmente, los crímenes de éstos deberían quedar impunes. Esa negociación no es sólo que sea antidemocrática: es imposible. Ningún Gobierno podría aceptar un compromiso de tal naturaleza sin perder toda autoridad ante sus propios electores, ante los demás partidos, ante el conjunto de los ciudadanos y la comunidad internacional.

Cuando algunos propagandistas de ETA preguntan enfáticamente dónde está el Rabin que negocie con su Arafat la reconciliación y la paz fingen olvidar que esa reconciliación ya se produjo en el País Vasco en torno al Estatuto de Gernika, y que fueron los pistoleros quienes se negaron a firmar la paz y a admitir el veredicto de la mayoría, reiterado a lo largo de las 16 elecciones de distinto orden realizadas desde 1977. Por eso es imposible la negociación, y por eso es una torpeza equivocar a los violentos con vanas esperanzas cuyo efecto suele ser redoblar la ofensiva para convencer a los recalcitrantes. Y por eso son una torpeza las declaraciones de Vera.