Cargarse de razón y que todo siga igual

Los sindicatos han presentado la movilización del día 25 como una respuesta a la imposición de una serie de reformas del marco legal que determina dicho mercado, pero la convocatoria fue anterior a la decisión del Gobierno de poner un tope temporal a la negociación sobre ese punto y, desde luego, al anuncio de las medidas concretas que sobre contratación y despido aprobará el Consejo de Ministros la semana próxima.Si esta vez parecía haber más posibilidades de un pacto social, fue sobre todo porque en otros países el rápido crecimiento del paro estaba llevando a los sindicatos a aceptar compromisos de moderación salarial. Además, acababan de celebrarse elecciones generales y los partidos mayoritarios habían incluido en sus programas la búsqueda de un acuerdo por el empleo como el que comenzó a negociarse tras el verano.

En un momento dado, los sectores de UGT y CC OO más abiertos al compromiso admitieron el principio de una negociación salarial plurianual y basada en la inflación prevista que parecía abrir expectativas de un pacto de rentas. La cosa se torció cuando los sectores opuestos al pacto condicionaron éste a un acuerdo previo sobre las reformas del mercado laboral. Era un planteamiento imposible porque dicha reforma partía precisamente de la necesidad de acabar con una excepcionalidad que viciaba la negociación salarial en el sentido de otorgar a los sindicatos una capacidad de presión desproporcionada.

El franquismo buscó en la estabilidad del empleo una compensación al carácter miserable de los salarios. Éstos han crecido en España en los últimos 15 años más que en cualquier otro país industrializado, pero las garantías de estabilidad en el empleo se han mantenido, de manera que el despido de los trabajadores fijos es hoy en España de más complicada tramitación y, en consecuencia, más caro que en países como Francia, Alemania o el Reino Unido. Esa situación se traduce, por una parte, en que empresas que podrían ser viables con una reducción parcial de su plantilla no se plantean esa posibilidad más que in artículo mortis, sólo cuando la empresa está al borde del precipicio o más allá incluso, de forma que frecuentemente no sirve para salvar los empleos posibles. Y, por otra, otorga a los sindicatos una posición de fuerza que se traduce en subidas salariales por encima de la inflación, incluso en plena recesión y con un paro de más del 20%.

En los sectores protegidos de la competencia extranjera -fundamentalmente, los servicios-, esos aumentos son transmitidos a precios, lo que dispara la inflación. Esa repercusión encarece a su vez los servicios -financieros, de telecomunicaciones, etcétera- utilizados por los demás sectores productivos, lo que agrava su pérdida de competitividad. Y como no pueden trasladar los aumentos a precios de venta, el ajuste se produce por la vía del despido: no de los fijos, dado su alto coste, pero sí de los trabajadores -34% del total de empleados- con contrato temporal, cuya tramitación es mucho más barata.

La reforma del mercado laboral no es, por tanto, un capricho destinado a molestar a los sindicalistas, sino una exigencia dictada por esa pérdida de competitividad de nuestra economía. Resulta más que probable que uno de los motivos por los que hoy la economía española no crea empleo estable suficiente es porque las condiciones de fijeza son insensibles a la coyuntura, de manera que ese compromiso de por vida inhibe la inversión del empresariado español. Y del extranjero. Sin homologar los mecanismos de nuestro mercado laboral a los de los países de nuestro entorno no se recobrará competitividad. Y sin ella, ni se contendrá hoy el paro ni se creará empleo mañana.

Es cierto que con un pacto de rentas algunas reformas podrían haberse amortiguado o tal vez aplazado hasta el momento en que la recuperación sea un hecho. Sin embargo, desde el momento en que se condicionó una cosa a la otra se obligó al Gobierno a optar por la vía de la reforma sin pacto: ya que no puede presentar un sistema productivo cohesionado en torno a un pacto de moderación salarial por dos o tres años, el Gobierno ofrece a los inversores extranjeros y nacionales, que ya están tomando posiciones para la recuperación, un mercado de trabajo que permita al menos una negociación más equilibrada. Desde la convicción de que, de todos modos, la moderación se impondrá por la fuerza de los hechos. Sólo que ya sin las ventajas, para los sindicatos, sus representados y el país en general, de un pacto formalizado que garantice la estabilidad social y despeje incertidumbres: el factor más apreciado por los inversores.

Ése es el resultado de una política sindical que se puede tal vez comprender, pero que es dificil compartir. Porque una cosa es no avalar la reforma y otra condicionar el pacto a su retirada: esto último es apostar por la protesta antes que por la solución; por cargarse de razón, caiga quien caiga, antes que por poner remedio a lo que motiva la angustia de los cientos de miles de trabajadores que se movilizaron el jueves