La selva negra

"Este mundo ha cambiado. Y no ha cambiado para mejor. En los setenta, entre la gente que traté, hubo algunos que me gustaban y otros a los que detestaba, pero era buena gente... Y ahora (en los ochenta) teníamos que tener detectives dentro de los despachos para asegurar que no hubiese escuchas, que las líneas telefónicas no estuviesen pinchadas, que no se practicasen interferencias electrónicas en nuestras oficinas, y debíamos mirar si había cámaras ocultas cuando entrábamos y salíamos de nuestras reuniones. Han arruinado mi vida. Es como si estuvieses en el arroyo, como si alguien está apilando mierda sobre ti y tienes que luchar para mantenerte a flote". Aunque esta pincelada podría evocar la trama de las escuchas de Barcelona, está inspirada en otra historia: lo dice uno de los entrevistados en el libro de la periodista Connie Bruck El baile de los depredadores, el retrato más fidedigno del Wall Street de la época dorada de los bonos basura de Michael Milken.Aunque se mantiene el secreto del sumario, una voz autorizada señala: "Existen ya en manos del juez Eduardo Navarro documentos en los que se acredita que la red de escuchas reportaba al Cesid". Según los datos existentes, la contratación del coronel del Centro Superior de Investigación de la Defensa (Cesid) Fernando Rodríguez González como asesor de seguridad de La Vanguardia, en julio de 1993, permitió el desembarco directo de una personalidad que ya mantenía el hilo directo con sus antiguos compañeros capitaneados por Miguel Legarza Eguía, El Lobo. Tras supervisar, pues, una fase de la actividad de la red, Rodríguez González saltó al ejercicio activo.

La investigación en curso trata de conocer el funcionamiento de la doble trama, en la que se mezclaban las tareas encomendadas por el propietario y editor de La Vanguardia, Javier Godó, por una parte, con el aprovechamiento, por otra parte, de dicha información, espionaje del propio contratante incluido, a fin de nutrir de datos al Cesid. Otra línea de productos de la doble trama era la comercialización de sus averiguaciones ilegales con otras empresas de seguridad, que constituyen el mercado natural de este tipo de informaciones, al que se han incorporado, también, medios de comunicación.

El trastocanúento del mapa de medios de comunicación en España durante el periodo en que han tenido lugar los procedimientos de la red era de interés tanto privado como público. La penetración de dichos medios por entidades financieras, la rivalidad entre los grupos, había sido objeto de una preocupación sistemática por parte del Gobierno, según atestiguan gestiones, comentarios y entrevistas. La posibilidad de cambios en el capital de La Vanguardia, por ejemplo, provocó una movilización del Gobierno en el último trimestre de 1991 y los primeros meses de 1992, proceso que culminó con la ruptura, por iniciativa del editor catalán, de sus contratos con el presidente de Banesto, Mario Conde.

La existencia de un mercado negro de información sensible, a partir de la contratación de personal reclutado en canteras como la Brigada de Interior de la Policía o el Cesid, ha sido un producto de los años de boom y operaciones financieras espectaculares. Ahora, en la crisis, con la desestabilización de propietarios y equipos de gestión a la orden del día, dicho mercado ha crecido aún más. El hecho de que a las redes contratadas por empresas privadas, alimentadas con agentes procedentes de los aparatos de seguridad oficiales, se les superpongan, como parece ser el caso de La Vanguardia, los servicios del Estado, ha contribuido a descomponer aún más la situación, dando lugar a una verdadera selva de información negra en este país.