Un hombre de la casa

Antoni Asunción Hernández nació en Manises (Valencia) el 12 de julio de 1951, en el seno de una familia acomodada de industriales. Su carrera política comenzó al afiliarse al PSOE en 1977, a los 26 años.

En 1979, Asunción fue elegido alcalde de su pueblo natal. El siguiente paso en su carrera política le condujo a encabezar la Dirección General de Cultura de la Generalitat valenciana. Entre 1983 y 1988 fue presidente de la Diputación Provincial de Valencia. Fue este su último servicio en el Gobierno de la comunidad autónoma en la que nació.

En agosto de 1988 fue nombrado director general de Instituciones Penitenciarias por el entonces ministro de Justicia, Enrique Múgica Herzog.

Desde su llegada a este cargo, Asunción se propuso llevar adelante una gestión de corte empresarial en el sistema penitenciario español.

Nuevas cárceles

Las nuevas ideas gestoras de Asunción se han traducido en un plan de construcción de nuevas cárceles y en la demolición de las instalaciones más obsoletas, con el fin de evitar la masificación y los problemas humanos y sociales que se derivan del hacinamiento.Uno de los más fundamentales logros de su gestión al frente de Instituciones Penitenciarias ha sido la política de dispersión de los presos etarras por las distintas cárceles españolas, que ha llevado a la reinserción de algunos reos de la banda terrorista y ha conseguido minar el férreo control que ejercía la organización terrorista sobre los mismos.

Su relación con algunos jueces ha sido bastante conflictiva. Con el ex juez Baltasar Garzón mantuvo un contencioso en 1990 en relación con el control de los narcotraficantes en las prisiones, tras un problema con varios detenidos en la cárcel madrileña de Alcalá-Meco.

En diciembre de 1992 compareció en la Audiencia de Madrid acusado por el ultraderechista Fernández Cerrá por un traslado ordenado por Instituciones Penitenciarias. Fue absuelto. En enero de 1993, la juez Eloísa Gutiérrez abrió un juicio en Sevilla contra Antoni Asunción por rigor innecesario y prevaricación en relación con el trato dado a 13 reclusos considerados peligrosos. Fue dictada una orden por la que Antoni Asunción debía presentarse ante el juzgado dos veces al mes. Esa orden fue revocada en marzo de este año y, ya en mayo, el Tribunal Constitucional ordenó la paralización del proceso penal que se seguía en Sevilla contra Asunción.

Tras las elecciones del 6 de junio de 1993, en las que salió elegido diputado por Valencia, Asunción volvió a su cargo, al frente de Instituciones Penitenciarias, pero con el rango de secretario de Estado.