Las orejas de El Lobo

Discurre el año 1991. Barcelona se halla bajo el sobresalto de las acciones del comando itinerante, que dirigen José Luis Urrusolo y Juan Jesús Narváez Goñi. Un sujeto que dice llamarse Miguel Ruiz Martínez logra entrevistarse con Javier de Godó, presidente editor de La Vanguardia, que teme un atentado, según personas de su entorno. Su interlocutor, lejos de tranquilizarle, le asegura que sería víctima fácil de un atentado etarra. Sabía de lo que hablaba.En 1969 era infiltrado en la dirección de ETA por el Servicio Central de Documentación (Seced) embrión de lo que sería el Cesid. El Lobo, tal era su apodo, entra entonces en contacto con los dirigentes etarras Iñaki Múgica Arregui, Ezkerra, y Eduardo Moreno Bergareche, Pertur. ETA le encarga preparar la infraestructura de los comandos Madrid y Barcelona. Miguel Legarza Egía, verdadera identidad del topo, se apresta a ello con doble celo: facilita hogar en ambas capitales a los etarras, pero los entrega al Seced.

Ambos grupos terroristas cayeron. "La operación fue un éxito bastante notable, porque desarticulamos a todos los comandos, abortamos el intento de la primera fuga de Segovia y cantidad de acciones previstas, como el secuestro del conde de Godó, propietario de La Vanguardia", relató este topo años después.

Este último dato refuerza su tarjeta de visita en 1991 ante el conde de Godó. Un popular periodista radiofónico de Antena 3, respalda la fiabilidad de El Lobo. "No es mi hermano, pero trabaja bien y me ha dado buenas informaciones", señala al propietario de La Vanguardia.

Antonio Herrero, actualmente en la COPE, tras sentirse aludido, ha manifestado a través de su propia emisora: "En este caso se refiere a un servidor, que conoció a uno de los miembros de la red, apodado El Lobo, precisamente en una entrevista en Antena 3 Radio. Interior le abandonó a su suerte, y este singularísimo personaje, pues estaba ahí, danzando sin oficio ni beneficio. Y a raíz de aquella entrevista, a cambio de su comparecencia en Antena 3 Radio, pidió que se hiciera llegar una carta a Javier Godó ofreciéndose como guardaespaldas, que fue como empezó a trabajar en La Vanguardia, ofreciéndose como hombre de seguridad, hombre capaz de manejar un coche, de sacar de un apuro a Godó".

Contratos y despidos

El Lobo es contratado. Ese año es despedido del diario el abogado Alberto Garrofé, que había sido introducido por Carlos Fajardo, director general de TISA, editora de La Vanguardia. Ambos están relacionados con Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

Godó se siente víctima de una conspiración. Sospecha de una quinta columna en su rotativo y ordena a El Lobo que le informe sobre las actividades del abogado despedido. Fuentes empresariales insisten en que se le ordena un seguimiento de las actividades del abogado, pero nunca le sugieren métodos ilícitos para obtener la información.

Pero El Lobo no sólo vigila sus movimientos. También graba sus conversaciones. Fuentes de La Vanguardia admiten haber recibido un informe sobre Garrofé y Fajardo, pero ignoraban la metodología utilizada. La conclusión era: Garrofé seguía en estrecho contacto con Fajardo, quien desde dentro del diario continuaba suministrando información interna al abogado despedido. "Eso es falso", señala uno de los citados.

Fajardo fue fulminantemente despedido por "deslealtad" en octubre de 1991. Meses después se comprueban sendos pinchazos telefónicos en los domicilios de Fajardo y Garrofé, lo que ha desencadenado esta operación.

En febrero de 1992, Mario Conde llega a un acuerdo para constituir un holding por el que Banesto se hace con el 9% de La Vanguardia. En junio de 1992, Godó rompe el acuerdo con Banesto. Godó es apartado de la presidencia de Antena 3 Radio, aunque luego la recupera, y de Antena 3 Televisión,. donde entran Banesto, Rupert Murdoch y Antonio Asensio, de Zeta.

Según fuentes empresariales, a primeros de ese año El Lobo presenta a Godó al entonces coronel en activo del Cesid Fernando Rodríguez González, a quien le recomienda como la persona idónea para realizar un informe sobre la oferta de Mario Conde. El coronel se reúne un par de ocasiones con Godó, a quien le suministra su opinión y datos sobre tal operación, y concierta una entrevista entre un superior suyo en el Cesid y Godó. A finales de junio, según fuentes empresariales, el coronel es contratado como asesor de seguridad de La Vanguardia. Un mes más tarde, el 27 de julio, pide la excedencia del Cesid.

El Lobo ya ha conseguido introducir en el rotativo a todos sus hombres, a través del contrato suscrito meses antes con su empresa, General de Consulting y Comunicación, SL. Todos sus integrantes han sido detenidos.

La secretaria de Godó, Gemma Guillén, interlocutora de todos ellos y redactora del contrato elaborado al ex coronel, asume la labor de solicitar informaciones a este red. Ella asegura que nunca pidió que se utilizaran métodos ilegales.

Sin lealtades

La red, al margen de las órdenes que recibiera, pronto demuestra que no conoce lealtades. Godó pasa de cliente a espiado. Le introducen una docena de micrófonos en su casa, en su despacho, en su consejo de administración. Su hijo Javier Godó también es objeto de constante seguimiento. Solicitan y obtienen matrículas de sus coches. Para ello cuentan con una red de funcionarios corruptos que facilitan datos reservados de archivos policiales. Fotografían sus menores movimientos.

El jefe de seguridad de La Vanguardia, Luis Izquierdo Guillén, se encarga de que la red opere con impunidad en el edificio que debería custodiar. No es el único topo. Salvador Daroqui González, chófer y escolta de Godó, cubre lo que no cubre ningún micrófono: sigue los pasos del propietario de La Vanguardia. Eso le permite saber dónde y con quién se reúne, come o cena y hasta sorprender conversaciones privadas.

A esto se añade el absoluto control de sus líneas telefónicas,

desde el propio despacho en La Vanguardia del pretendido asesor de seguridad. Los oidos de El Lobo captan hasta la respiración del conde. Nada se mueve sin su control. Accede a las conversaciones con destacadas personalidades, singularmente empresarios periodísticos, y a sus proyectos. Esto pone en sus manos un material con un indudable valor, al que ellos ponen precio.En esto se hallaban, en buscar comprador de su mercancía, cuando el pasado lunes la policía asestó el golpe en Barcelona que desarticuló esta trama. Peros sus pinchazos ya habían dado frutos. Sólo algunos son ya conocidos. Cobran a finales de 1992 en Madrid 15 millones de un directivo de Tele 5 tras grabar una conversación con otro directivo de Antena 3 Televisión, y pretendían cobrar 20 de otras empresas tras robarles documentos. Al tiempo, se interesaban por jueces encargados de casos de corrupción para obtener información.

La detención de un ex coronel del Cesid, de un topo histórico en ETA, de la secretaria de Godó, disparan las alarmas en el Gobierno. Ningún responsable de Interior, al contrario que en cualquier otra ocasión, tiene el coraje de felicitarse y asumir públicamente que la justicia y la policía han coronado una ambiciosa operación, no menos importante que una operación anticorrupción en la policía o en la Guardia Civil, o un éxito frente al narcotráfico.

El Ejecutivo desea pasar de puntillas sobre el caso. Quiere la mínima información, y no precisamente por temor a frustrar detenciones. Sólo algún juez, en privado, reconoce que la justicia y la policía han reventado una poderosa hidra de múltiples cabezas. No se conocen todas sus conexiones. Y tampoco es la única red de escuchas.

De la investigación policial se ha desprendido hasta el momento que la trama de escuchas ilegales dirigidas por el teniente coronel en excedencia del Cesid ha espiado al menos a las siguientes personas: Javier Godó y su secretaria, el hijo de Godó, Alberto Garrofé y Carlos Fajardo, ambos ex directivos de La Vanguardia; al directivo de Antena 3 Televisión Javier Gimeno Priede y a Rafael Jiménez de Parga, abogado antiguamente vinculado a Godó.