25 familias desalojan sin resistencia un bloque que ocuparon hace ocho años en Entrevías

Fue un desalojo muy aparatoso, con un centenar de policías y decenas de empleados del juzgado. Pero todo transcurrió de forma pacífica. Veinticinco familias gitanas que ocupaban desde 1985 un cochambroso bloque en los números 49 y 5 1 de la calle del Cerro de la Alcazaba, en Entrevías (Puente de Vallecas), acataron ayer la orden judicial de desahucio solicitada por los dueños de la finca. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid les darán vivienda en cinco meses. Mientras, se apañarán en casas de familiares o recurrirán a ayudas municipales para alquilar pisos y pensiones.

A las 9.30 horas el edificio, formado por varios patios con pequeños habitáculos apuntalados y llenos de humedades estaba flanqueado por la policía. Los afectados iban y venían. Unos opinaban que había que ofrecer resistencia. Otros se quejaban. Poco después, ante la expectación del vecindario de esta barriada obrera de Entrevías, llegó un autobús con cincuenta oficiales judiciales y agentes.El desalojo se conocía desde hace semanas. Las asistentes sociales municipales habían sugerido a los afectados que se buscasen un acomodo hasta su futuro realojamiento porque la Junta de Puente de Vallecas ayudaría a los más necesitados. Pero a casi todos les pilló el toro.

"Ádonde vamos a ir, sin nóminas no nos alquilan pisos y en una pensión, con los chiquillos, no nos aceptan", manifestaban algunos. Miembros de Integración Gitana, que han llevado el caso, les replicaban: "Hombre, pues no será porque no os lo hemos comentado con antelación, que es que lo veis todo negro y habéis esperado al último momento".

Poco a poco cada cual tomó una decisión de última hora. La mayoría fueron a casa de familiares. Algunos buscarán pisos de alquiler o habitaciones en pensiones. Dos mujeres con niños pequeños y sus maridos en granjas de desintoxicación no tenían adonde ir. De ellas se ocuparon las trabajadoras sociales. Todos esperaban, como agua de mayo, la llegada del acuerdo firmado por Comunidad y Ayuntamiento en el que se garantiza su futuro realojamiento. Por fin, lo tuvieron al mediodía. Años atrás hubo promesas verbales.

En la barriada existían sentimientos contradictorios. "Es buena gente que nunca ha dado una queja o un problema", afirmaban todos los vecinos. "Pero claro, es que se metieron ahí para que les den pisos; a otros les han echado de casas ocupadas sin tantas contemplaciones", añadían.

Sospechas

Algunas personas que a la cara se mostraban a favor de estas familias, luego, a la espalda, manifestaban sus sospechas. "Seguro que a alguno ya le han dado piso, lo ha vendido y se viene aquí a que le den otro", comentaban varias mujeres en un corrillo. Sin embargo, en el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad, aseguran que ninguna de ellas ha sido titular de un piso público anteriormente.Las 24 viviendas para el realojamiento, -a uno no se le dará por problemas en su expediente- las aportará el Ivima, dos de ellas antes de finales de mes. Y le pasará factura a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) que, en una futura situación similar, tendrá que ceder los 12 pisos que debía haber aportado en este desalojo.

La finca pertenece a la inmobiliaria Celca que solicitó el deshaucio, concedido por el juzgado 44 de primera instancia. Sus primeros habitantes fueron realojados hace años. El inmueble no fue derribado y en 1985 entraron las familias ahora expulsadas.