La reforma del empleo rural movilizará unas inversiones de 500.000 millones en cinco años

El Ministerio de Trabajo abrió ayer un nuevo frente negociador, en este caso destinado a reformar el Plan de Empleo Rural (PER) para Andalucía. El nuevo sistema movilizará unas inversiones públicas y privadas de entre 500.000 y 600.000 millones de pesetas en los próximos cinco años. Paralelamente, continuó el diálogo con los sindicatos sobre el nuevo marco de relaciones laborales en un encuentro menos crispado que el de la semana pasada y centrado en la negociación colectiva. Las centrales manifestaron que una reforma laboral sin consenso nacería "herida de muerte".

El cambio del PER empezó a diseñarse en la mañana de ayer en el encuentro mantenido por el ministro de Trabajo, José Antonio Griñán; el secretario general de Empleo, Marcos Peña; el consejero andaluz de Agricultura, Leocadio Marín, y la delegada del Gobierno en Andalucía, Amparo Rubiales. El objetivo del nuevo programa denominado Plan de Desarrollo Rural para Andalucía [PDRA]- es cambiar "la cultura del conformismo y del subsidio" por inversiones pro ductivas que creen empleo esta ble. Según Marín, se pretende "acabar con un problema secular y que dentro de 15 años no tengamos que hablar de la existencia de jornaleros".

La reforma no supondrá la desaparición inmediata del actual sistema de subsidio agrario ni del PER, que se integrarán en un proceso gradual en el nuevo PDRA. La lucha contra el fraude es otro de los objetivos, aunque el secretario gene ral de Empleo, Marcos Peña, afirmaba ayer que le produce "cierto malestar enfatizar en este tipo de fraudes [de los parados] como si el más necesita do fuese el más pícaro". También lamentó que "se piense que sólo hay subsidiados en Andalucía -en toda España hay 750.000 más-, que el subsidio sea el único despilfarro y que no se considere como tal el dinero para la reestructuración del automóvil o la banca".

Reforma laboral

La negociación de la reforma laboral prosiguió ayer en una reunión mantenida pop la tarde entre Trabajo y los sindicatos, menos crispada que la del miércoles pasado, y en la que se eludieron los temas más conflictivos. Se trató de un intercambio de opiniones centrado, a lo largo de casi cinco horas, en dos de los doce puntos que se deben discutir -negociación colectiva y derogación de las ordenanzas laborales- Los sindicatos piden que no se deroguen a plazo fijo y que se fije el compromiso de negociar convenios estatales para sustituir las ordenanzas, con mecanismos de mediación y arbitraje cuando exista desacuerdo.

La discusión sobre negociación colectiva se limitó a la denominada "ultractividad" -prórroga de los convenios cuando no existe un acuerdo-, puesta en cuestión por la patronal y cuya eliminación, a juicio de las centrales, supondría crear un vacío y daría paso a las relaciones individuales. El Gobierno responderá a esas propuestas sindicales en la próxima reunión, fijada para el jueves.

Las centrales mostraron de nuevo su rechazo al ultimátum lanzado por el Gobierno para cerrar las negociaciones este mes. José María Fidalgo, de CC OO, dijo antes de entrar al ministerio: "Una reglamentación tan compleja no se puede establecer con rigor en dos semanas" y añadió que, si se aplica sin acuerdo, esa reforma nacerá "herida de rnuerte". Apolinar Rodríguez, de UGT, aseguró que "flaco servicio se le hace a este país al reformar un Estatuto de los Trabajadores consensuado con otro unilateral". Marcos Peña ratificó que se mantiene la fecha tope, aunque dejó caer que "el tiempo no es el principal enemigo".

Tras el rotundo rechazo expresado el miércoles a las últimas propuestas del Gobierno sobre desempleo y pensiones, los sindicatos hicieron ayer especial hincapié en señalar que son "particularmente importantes" esas ofertas aunque todavía insuficientes.

[Las discusiones sobre la reforma laboral también tuvieron ayer eco en distintos foros. El líder de UGT, Nicolás Redondo, afirmó en la emisora de radio Onda Cero que su sindicato no ha sopesado la conveniencia o no de una huelga general "porque vamos a intentar negociar", dijo, pero se pronunció "pesimista" sobre las conversaciones. El ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, rechazó que el Gobierno haya dado un ultimátum y acusó a los sindicatos de poca flexibilidad, informa Efe.]