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Balladur, frente a la crisis

El primer ministro busca sanear el sector público francés sin una explosión social

Édouard Balladur afronta una ecuación imposible. Para poder privatizarlas, tiene que sanear las cuentas de las numerosas empresas deficitarias del poderoso sector público francés. Pero ese saneamiento agrava el cáncer del paro y amenaza con provocar una explosión social. Así que el primer ministro conservador está hecho un lío, como lo acaba de demostrar su capitulación ante los huelguistas de Air France. A Balladur parece faltarle el coraje necesario para deshacer el nudo gordiano del enorme peso histórico del Estado -un mínimo del 10%- en la economía francesa.

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Un nuevo programa de privatización

Enfrente tiene a 1,4 millones de asalariados listos para seguir el ejemplo del personal de Air France. Michel Rocard puso el dedo en la llaga en su última aparición en la televisión. "El objetivo del brutal plan de reestructuración de Air France", dijo el líder socialista, "era preparar esa empresa para la privatización". Por eso, Edouard Balladur no estuvo acertado cuando criticó a los huelguistas por "poner en peligro la imagen de una compañía que es todo un pabellón nacional". "¡Pero si es Balladur el que quiere vender ese pabellón nacional al sector privado!", replicaron las asambleas del personal de Air France.El pasado jueves, en una entrevista publicada por Le Figaro, Balladur expresó la cara y la cruz de su dilema. "El saneamiento de Air France", dijo, "es indispesable: esta gran empresa no puede seguir perdiendo 5.000 millones de francos anuales". "El personal de Air France", añadió, "comprenderá seguramente que no puede vivir eternamente de los fondos públicos". Esa fue la cara. La cruz vino acto seguido. "Nuestra sociedad", confesó, "está golpeada por el estancamiento económico y el paro, y una especie de desesperación se ha abatido sobre parte de la población".

Si Balladur fuera Margaret Thatcher abordaría sin escrúpulos el saneamiento y posterior privatización del sector público. Pero no lo es. Sobre el primer ministro francés pesa el recuerdo de la revuelta de Mayo del 68, que él vivió como colaborador del entonces primer ministro, Georges Pompidou. También el de la huelga de los ferroviarios que, en diciembre del año 1986, cuando él era ministro de Economía en el Gobierno de Jacques Chirac, paralizó Francia durante tres semanas. La crisis de Air France ha estimulado los ardores reivindicativos de los 1,4 millones de trabajadores del sector público francés. Numerosas grandes empresas -Aerospatiale, Bull, Thomson, Usinor, la Societé Nationale des Chemins de Fer (SNCF), Electricité de France (EDF) y otras- tienen pendientes severos planes de reestructuración. El sector público va a perder este o más de 18.000 empleos y, si aplican los planes previstos, perderá en 1994 un mínimo de 4.000.

Balladur ha dado consignas a sus ministros y a los presidentes e las empresas públicas: tranquilizar, negociar, no imponer nada.

Un gran peso

El sector público de la economía francesa -no se cuentan aquí las personas que trabajan como funcionarios o asimilados para las administraciones estatales, regionales y locales- emplea a 1,4 millones de trabajadores, lo que supone un 10% del total de la población asalariada del país. Tan sólo en el sector industrial, las empresas públicas representan el 66% de los efectivos laborales en sector de la minería; el 43% de la química; el 63% de la construcción naval y aeronáutica, y el 1,9% de los bienes de equipo de los hogares.

Según datos de la OCDE, el peso del sector público equivale al 11% de la economía francesa.

En el seno de la Comunidad Europea tan sólo Italia, Grecia y Portugal superan ese porcentaje.En los últimos años, las empresas públicas francesas se han ido comportando cada vez más como empresas privadas. Sus presidentes han afirmado que el debate sobre la nacionalización o la privatización es puramente académico. En la práctica, aseguraban, los sucesivos Gobiernos les han ido dejando un margen de maniobra comparable a las sociedades privadas y, a cambio, les han exigido la aportación de dividendos.

Esa argumentación ha sido aceptada algunas veces por la muy puntillosa British Monopolies and Mergers Commision, que ha dado luz verde a la compra de empresas británicas por Crédit Lyonnais, Elf o Thomson. No obstante, las empresas públicas francesas han sido y son vigiladas de cerca por la Comisión Europea de Bruselas, que vela para evitar que se disfracen subvenciones o se capitalice discretamente a partir de los fondos públicos. Cuando era comisario encargado de la competencia, sir Leon Brittain se convirtió en el "lobo feroz" del sector público francés.

"El sector nacionalizado de la economía francesa adopta el aspecto de una medusa a la deriva, cuya forma varía en función de las corrientes, -despojándose a veces de partes de ella misma, extendiendo a veces un tentáculo para apoderarse de un buen bocado", escribió hace dos años Willian Dawkins en el Financial Times. Ponía el acento en el hecho de que la compleja anatomía del sector público francés no ha cesado de evolucionar desde la primera gran ola de nacionalizaciones, realizada por el Frente Popular en 1936 y 1937, que dejó entre las manos del Estado el Banco de Francia, los ferrocarriles y numerosas industrias.

La tradición del importante peso del Estado francés en la vida económica no ha sido una exclusiva de la izquierda. Comenzó en tiempos de Luis XIV, con el ministro Jean-Baptiste Colbert, y fue continuada por De Gaulle al término de la II Guerra Mundial. El general nacionalizó Renault, Air France, Crédit Lyonnais, EDF y GDF.

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