200 opositores protestan contra un caótico examen en Tres Cantos

Una oferta de empleo público ocasionó el caos en Tres Cantos. Más de 200 jovenes que se presentaron a las oposiciones para cubrir seis plazas de auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Tres Cantos (23.000 habitantes) se concentraron el pasado sábado para examinarse en la Casa de Cultura municipal. Los opositores mostraron su indignación durante los exámenes por entender que "habían sido engañados en la convocatoria y las plazas estaban asignadas de antemano", y exigieron la impugnación de las pruebas. El equipo de gobierno de Tres Cantos aseguró ayer que "no retrocederá ni admitirá que las pruebas no se han realizado con total claridad". El tribunal calificador formado por representantes de Tres Cantos Unido y, del PSOE, partidos que gobiernan el municipio, dio por concluida la reparación de una avería eléctrica registrada ese día en el edificio. Sin embargo, la falta de fluido impedía que los 24 ordenadores previstos para las pruebas funcionaran al unísono. Los organizadores optaron por convocar a los aspirantes en grupos de 12 personas y por orden alfabético.

En ese momento, los opositores comenzaron a impacientarse. Entendían que "la fecha del examen no había sido publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid; el tribunal modificó el procedimiento para puntuar las pulsaciones en el teclado del ordenador; estaban citados a las nueve para una única convocatoria y un solo examen;, y a cada grupo se le había asignado un examen diferente...", según Sandra García Berzosa, una de las aspirantes que recogió firmas de protesta de los opositores.

Quejas con firma

Otros de sus compañeros gritaban: "¡Chorizos, devolvednos las 2.000 pesetas de tasas! ¡Dadnos explicaciones, que salga el presidente! ¡Las plazas ya están dadas! ¿Por qué nos hacéis perder el tiempo?". Al final, sendos pliegos con 120 firmas fueron depositados en el Ayuntamiento, en el cuartel de la Guardia Civil y en el juzgado de Colmenar Viejo.

Los miembros del tribunal tuvieron que llamar a la Guardia Civil, porque, según la concejal de Asuntos Sociales, María Josefa Díaz, "un grupo de piquetes encolerizaba a los opositores y los enfrentamientos se recrudecían cada vez más, hasta temer por la propia vida". El Gobierno local rechazó la propuesta de IU para impugnar los exámenes.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 11 de noviembre de 1993.

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