España pugna por mejorar su presencia en las instituciones de la Unión Europea

La entrada en vigor del Tratado de Maastricht y la necesidad urgente de llenar algunas vacantes en altos puestos de las instituciones europeas han llevado al Gobierno español a preparar una estrategia para mejorar la presencia de funcionarios españoles en las tres principales instituciones europeas: Comisión, Consejo de Ministros y Parlamento. España ha conseguido llenar la cuota de funcionarios que le corresponde en la CE desde que se incorporó, en 1986, principalmente en los niveles bajos e intermedios, pero tiene todavía un déficit muy importante en los niveles más altos.

En los niveles de máxima responsabilidad los españoles han cosechado algunos fracasos sonados y no han estado siempre a la altura de las circunstancias. Existe una notable sensación de frustración entre la diplomacia y la alta función pública española por la ausencia hasta ahora de una política de personal hacia la CE por parte de la Administración española y principalmente por los episodios que han debilitado la posición de España y han desprestigiado a sus funcionarios. El ministro de Exteriores, Javier Solana, ha mostrado su voluntad de dar un giro en la orientación de los nombramientos, apostando por personas de gran competencia en su especialidad."España quiere mejorar posiciones, dar más contenido a los puestos y prestar más apoyo y ayuda a los funcionarios", aseguró una fuente del Gobierno. Fuentes diplomáticas esgrimen como ejemplo de la nueva política el reciente nombramiento como magistrado del Tribunal de Cuentas Europeo del catedrático de Hacienda Pública Antoni Castells, considerado como el padre de la fórmula de cesión del 15% del IRPF a las autonomías.

Negocios privados

Actualmente, dos puestos de director general o equivalentes, la máxima categoría de funcionario en la CE, ambos con bandera española, es decir, asignados oficiosamente a España, se hallan vacantes. Uno, el de consejero especial que ocupaba el ex ministro de Industria Joan Majó, que ha preferido regresar a los negocios privados. El candidato del Gobierno a sustituirle es el diputado socialista e ingeniero industrial Eugenio Triana.

Otro puesto vacante es el de director general de Trabajo y Asuntos Sociales por la dimisión de su titular, el ex gobernador civil de Madrid Segismundo Crespo. Su sustituto será un catedrático de Derecho del Trabajo, del que algunas fuentes aseguran que "habla muy bien inglés y francés", en referencia a las deficiencias atribuidas a su antecesor.

Otro puesto equivalente al de director general, el de inspector general de servicios, quedará también vacante si se produce la dimisión de su actual titular, Eduardo Peña Abizanda, que ha manifestado su intención de presentarse como candidato al Parlamento Europeo en las elecciones de junio en la lista del PP.

Dos direcciones generales más quedarán vacantes con motivo de las elecciones europeas, la de Información, a cargo de la luxemburguesa Colette Flesch, que irá en las listas del partido liberal, y de la de Medio Ambiente, a cargo del holandés Laurens Brinkhorst, que irá en las ecologistas. Varios directores generales más se jubilan el próximo año, y no se descarta que la renovación de la Comisión Europea, que se producirá en junio próximo con efectos de 1 de enero de 1995, pueda dar lugar a cambios en otros puestos de valor estratégico.

Mejorar posiciones

España podría, en teoría, intentar cambiar las banderas de las actuales direcciones generales para mejorar su posición. Además de la inspección general de servicios, y del consejero hors classe, España cuenta con otro funcionario de máximo nivel, equivalente a director general, en la Dirección General de Relaciones Exteriores. Se trata de Juan Prat, que se encarga de las relaciones Norte-Sur, política mediterránea y América Latina con el título de director general a título personal. Con éste son tres los funcionarios de alto nivel que no ocupan una dirección general con plena responsabilidad.

Si se añade el fracaso cosechado con el nombramiento de Segismundo Crespo, hace un año, son cuatro los puestos desaprovechados. La Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales ha sido objeto de una remodelación radical el mes de julio, después de la partida de Crespo. El director general adjunto, el británico Hywel Jones, se ha hecho prácticamente con el poder y ha doblado las estructuras del Fondo Social Europeo para ocupar el terreno antes de que el Gobierno español mande al sustituto de Crespo. Hay alguna excepción a este panorama: la del director general de Políticas Regionales Eneko Landaburu, a quien se le considera como uno de los más influyentes funcionarios de la CE.