Agobios municipales

LA PESADUMBRE de los alcaldes españoles por las deudas de sus municipios ha tenido un consuelo liviano por parte del Gobierno en la asamblea que 1.500 munícipes han celebrado este fin de semana en La Coruña. Los municipios españoles tienen dos agobios principales: una deuda a corto plazo superior a los 300.000 millones de pesetas y un mecanismo de financiación muy rígido que ha generado una deuda acumulada de 2,4 billones de pesetas. El ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, propuso un pacto de Estado para dibujar una solución definitiva y apuntó, como remedio inmediato, negociar un escalonamiento de la deuda, que la banca pública baje los tipos de interés de la deuda municipal y acelerar las liquidaciones pendientes de la Administración central.En la asamblea de alcaldes dominaron los tonos recriminatorios hacia el Gobierno, pero el ciudadano necesita una explicación seria de por qué a los 10 años de que la Administración central liquidara las deudas municipales, éstas se han reproducido con tamaña dimensión. En este capítulo faltó un mea culpa municipal sobre cómo se han administrado los dineros locales en una época de bonanza. Alegrías contables, engorde de plantillas e inversiones injustificadas tienen un capítulo en la explicación del desastre, un capítulo que, no obstante, no exculpa a la Administración central por haber desatendido no ya las finanzas municipales, sino el papel ínstitucional de los ayuntamientos.

El apremio existente para sanear el déficit municipal necesita una respuesta rápida que rebaje los costes de la deuda, y sería un elemento de pedagogía política que en este compromiso intervinieran también las comunidades autónomas. La escasa relevancia institucional que se da a los ayuntamientos españoles no es sólo producto de un centralismo gubernamental, sino, también, de un nuevo centralismo autonómico en su batalla competencial. Indudablemente, el enjuague de la deuda debe ir acompañado de una solución estable y a largo plazo que no permítala reproducción del actual escenario dentro de un lustro. Una solución que supone un compromiso por parte del Gobierno de encontrar fórmulas de financiación que satisfagan las necesidades municipales y, por parte de los ayuntamientos, de administrar cautamente estas necesidades. En este sentido, la propuesta de Saavedra de un pacto de Estado para reforzar el poder municipal, reformar las leyes de financiación y atender los problemas específicos de las grandes ciudades parece sensata, a falta de ver cómo alcanza una concreción eficaz.

Un aumento de las competencias de los ayuntamientos, como el prometido por Saavedra, ha de implicar, lógicamente, un aumento de disponibilidad en las cajas de los municipios. Por razones históricas, los ayuntamientos han suplantado a la Administración central en algunos servicios que, paradójicamente, no han cobrado. Dejar de prestarlos ha sido una de las amenazas formuladas por los municipios si en un plazo breve no se encauza la solución a sus problemas.

La apuesta política del Gobierno deberá concretarse en unas fórmulas económicas parangonables al prometido incremento del papel de las administraciones locales en el sector público español. Saavedra ha anticipado que se retocarán los dos principales impuestos que recaudan los ayuntamientos: el de bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas (IAE). Al margen de que son dos impuestos que necesitan reformas, un simple retoque no bastará porque se trata de dos impuestos muy rígidos que no reflejan la evolución económica. De ahí la reclamación de los alcaldes de mejorar su participación en los ingresos del Estado.

Otra promesa gubernamental ha sido la de prestar atención especial a los problemas de las grandes ciudades, que tienen que satisfacer los servicios para un número de usuarios muy superior al de sus vecinos, sobre quienes descansa la recaudación municipal. La situación económica de los ayuntamientos pide soluciones rápidas y, al mismo tiempo, definitivas. El Gobierno ha apuntado la voluntad política de buscar un arreglo en esta línea. Ahora falta saber a qué conduce el pacto de Estado propuesto.