50 juristas piden la responsabilidad del médico objetor al aborto o la eutanasia

Unos cincuenta penalistas del Grupo de Estudios de Política Criminal -que integran 100 juristas; la mitad, catedráticos, y el resto, magistrados y fiscales- aprobaron ayer un manifiesto sobre la libertad de conciencia, que aborda, entre otras cuestiones, la responsabilidad exigible a los médicos de la sanidad pública que se nieguen a interrumpir un embarazo o a practicar la eutanasia activa solicitada por el enfermo.

Penalistas de toda España, reunidos en la Universidad Carlos III de Madrid, partieron de que la libertad ideológica reconocida por la Constitución no consagra "un individualismo incompatible con el Estado social y democrático de derecho". En consecuencia, estiman compatible el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y sanitarios de instituciones públicas con la garantía de que se realice el aborto o la eutanasia legales.El manifiesto declara que la objeción al aborto podrá ser rechazada cuando, "dada la urgencia, no existan otros profesionales dispuestos para la interrupción del embarazo". Y añade que, en tales casos, "deberá exigirse al responsable del establecimiento o al personal sanitario responsabilidades jurídicas por las consecuencias que su negativa a practicar la intervención pudieran tener sobre la vida, salud y libertad de la embarazada".

Propone que la objeción de conciencia a la eutanasia legal solicitada por el enfermo no pueda ser negada ni limitada, "dado que la negativa del médico no impide la realización del hecho por otro profesional". Agrega que, "sin embargo, sí debería responder por las actuaciones obstaculizadoras, si con ello impide el ejercicio del derecho por parte del paciente que ha solicitado ayuda para morir". Razona que la objeción no exime al médico responsable del caso de la obligación de transferirlo a otro o de "ponerlo en conocimiento de la dirección del centro para que asegure el ejercicio efectivo de tal derecho".

Despenalizar la insumisión

El manifiesto considera la vigente regulación sobre objeción de conciencia al servicio militar "inadmisible desde el principio de intervención penal mínima". Ofrece la solución de suprimir el servicio militar obligatorio. El Grupo de Política Criminal estima la propuesta del ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, de aplicar el régimen penitenciario abierto a los insumisos, "no sólo insuficiente, sino, además, un gratuito ejercicio de cinismo político, porque pervierte el sentido y la finalidad de dicha institución [el régimen abierto], eludiendo la auténtica solución del problema, que es la despenalización".

En cambio, el documento rechaza que la objeción fiscal y la negativa a formar parte de una mesa electoral puedan ampararse en la libertad de conciencia, si bien se opone en ambos casos a la respuesta penal.

Entre los asistentes a la reunión de ayer figuran los catedráticos de Derecho Penal José Luis Díez-Ripollés, Francisco Muñoz-Conde, Carmen Lamarca, José Manuel Gómez Benítez, Borja Mapelli y Josep Tamarit y los magistrados José Ricardo de Prada, Mario Pestana, Ramón Sáez, Manuel Morán y Ramiro Ventura. El Grupo de Política Criminal elaboró, entre 1989 y 1991, una propuesta alternativa a la política represiva sobre drogas y, entre 1991 y 1993, un manifiesto en favor de la eutanasia.