Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

La grave crisis en Italia obliga al primer ministro a desmentir los rumores de dimisión de Scalfaro

El presidente del Gobierno italiano, Carlo Azeglio Ciampi, tuvo que desmentir a media mañana de ayer los rumores llegados a la Bolsa de una inminente dimisión del presidente de la República, Oscar Luigí Scalfaro, por las acusaciones de presunta malversación de los fondos de los servicios secretos. Las precisiones de Ciampí, que fueron hechas en pleno Consejo de Ministros, tenían por objetivo ímpedir caídas en las cotizaciones, e indican que la polémica intervención televisiva realizada el pasado miércoles por Scalfaro no ha subsanado la debilidad del Estado.

"Hay que excluir de la manera más drástica cualquier hipótesis de crisis político-institucional. Tras las firmes precisiones de los días pasados, la situación es de plena normalidad. Las noticias que circulan en los mercados financieros son falsas, y han sido difundidas con fines delictivos", manifestó Ciampi. Su ministro del Trabajo, Gino Giugni, explicaría más tarde que, a su entender, los "fines delictivos" a los que se refería el jefe de Gobierno italiano serían simplemente económicos y especulativos.Tras la pérdida de dos puntos porcentuales registrada en la sesión del jueves, la Bolsa italiana volvió a cerrar ayer con otro descenso de 2,16 puntos, una caída que no deja de ser moderada comparada con los fuertes retrocesos registrados también en Madrid o París por diversos motivos.

Pero la situación política de Italia pesa de manera especial sobre un mercado financiero muy estrecho, en los momentos clave en que hasta él llegan las necesidades imperiosas de ampliar capital de los grandes grupos, comenzando por Fiat, que se dispone precisamente a duplicar, el suyo.

Agentes implicados

De momento, el Gobierno busca otras iniciativas para contener las acusaciones contra el presidente que, lejos de haber cesado tras su intervención, han proliferado. Era previsible, ya que las denuncias constituyen presumiblemente una táctica concordada de autodefensa de la media docena de agentes que ya están implicados en las investigaciones sobre el robo de fondos de los servicios.

Sólo tres de ellos están detenidos, y uno de éstos, el ex jefe de información civil Riccardo Malpica, ha afirmado que él entregó personalmente al actual presidente de la República, con cargo a los citados fondos, 100 millones de liras (1 millón de pesetas) durante cada uno de los meses en que permaneció al frente del Ministerio de Interior.

Otro acusado de corrupción en diversas investigaciones, el socialista Bettino Craxi, interviene sin pudor en la polémica recordando que, como presidente del Gobierno, transfirió a Scalfaro toda la responsabilidad sobre la administración de los fondos. También ha irrumpido en la confusión general el ex primer ministro acusado de asociación mafiosa Giulio Andreotti, que compromete a Ciampi al declarar ante el juez que, siendo gobernador del Banco de Italia, éste no le advirtió a tiempo del escándalo de la financiación de ventas de armas a Irak por la Banca Nazionales del Lavoro (BNL).

El Vaticano reitera, entretanto, que tiene sus puertas abiertas para que los magistrados investiguen el tránsito a través del llamado banco del Papa -el IOR, Instituto de Obras de Religión- de parte de la comisión ¡legal pagada por Raúl Gardini en 1991 a todos los partidos del Gobierno. Pero la Fiscalía milanesa ya ha comprobado que dicha parte de la mayor comisión detectada representaba más de 90.000 millones de liras (casi 900 millones de pesetas) y fue para la corriente democristiana de Andreotti. El intermediario del pago fue un periodista. Y también se ha hablado de periodistas famosos en la nómina negra de los servicios secretos.

Una decisión tomada ayer por el Gobierno fue promover un proceso por subversión contra los agentes que están acusando de malversación a Scalfaro. La otra fue la aprobación por decreto ley de una reforma de los servicios que ha nacido con mala prensa, pues sus numerosos críticos afirman que se limita a cambiar de nombre a la estructura vigente, con una intención proclamada de reforzar la responsabilidad directa del jefe del Gobierno.

El frente político, donde la opinión mayoritaria es que Scalfaro debe seguir para que se puedan celebrar las elecciones generales, seguía bloqueado. El Partido Democrático de la Izquierda (PDS), ex comunista, se ha propuesto colaborar con la Liga Norte y la Democracia Cristiana (DC) para garantizar la transición y concordar una fecha próxima de elecciones. La DC responde que la convocatoria es competencia exclusiva del presidente.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 6 de noviembre de 1993

Más información

  • El Gobierno aprueba por decreto ley una reforma limitada de los servicios secretos